En un movimiento estratégico para captar el respaldo de la familia militar y policial, el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que una de sus primeras medidas al asumir el Gobierno será la cancelación del 81% de la remuneración consolidada que aún se adeuda a sectores clave de las fuerzas del orden.

La propuesta, difundida a través de un comunicado oficial del partido, apunta directamente a los grados de superiores y brigadieres de la Policía Nacional (PNP), así como a los técnicos de las Fuerzas Armadas, quienes han visto postergados sus derechos salariales por años.

Estabilidad salarial como base de la seguridad

Para Acuña, la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país no podrá resolverse mientras quienes están en la primera línea de combate sufran de desigualdad económica y falta de protección legal.

“La lucha contra la inseguridad también debe combatir la desigualdad de quienes están a cargo de protegernos. Los efectivos no pueden luchar sin derechos, sin logística y sin protección legal”, señala el documento de APP.

El plan de gobierno del líder de APP establece que el reconocimiento de los derechos laborales y la estabilidad salarial son requisitos indispensables para exigir resultados en el combate contra la criminalidad. En ese sentido, el compromiso de pagar el 81% faltante busca cerrar una brecha que ha generado malestar institucional durante sucesivas gestiones.

Logística y protección legal

Además del factor remunerativo, la propuesta de APP contempla un fortalecimiento integral que incluye:

• Garantía de derechos: Reconocimiento total de beneficios para el personal en actividad.

• Refuerzo logístico: Dotación de herramientas necesarias para el patrullaje y operativos.

• Protección legal: Un marco normativo que respalde el actuar policial y militar frente a la delincuencia organizada.

Con este anuncio, César Acuña busca posicionarse como el candidato que prioriza el bienestar del «talento humano» de las fuerzas del orden, en un contexto donde la seguridad ciudadana es la principal demanda de la población peruana de cara a las elecciones de 2026.