El actual contralor de la República, se habría desempeñado como gerente en la empresa Aguilar & Motta Abogados entre el año 2013 -1017, pese a que los registros indican que esta empresa fue creada en el año 2015.
El Congreso de la República, designó a César Aguilar Suriqachi, como nuevo contralor general de la República, sin embargo, tras una investigación de un medio local, se precisó que el alto funcionario, tiene cuestionamientos por omitir información en sus declaraciones juradas en la propia Contraloría en el cual estará a cargo.
Conforme a la información difundida por un programa local, César Aguilar, habría realizado omisiones en sus declaraciones juradas, las cuales no fueron evaluadas por la Comisión del Congreso que aprobó su postulación al cargo. Ante ello, se evidenció que, en el año 2018, el nuevo contralor no declaró sobre la empresa Aguilar & Motta, de la cual fue socio y accionista, hasta que realizó la transferencia a terceros durante ese mismo año.
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A estos cuestionamientos, se suma que, según la constancia de trabajo de Cesar Aguilar, él se desempeñó como gerente de la empresa Aguilar & Motta Abogados entre el mes de enero del año 2013 y el mes de diciembre del año 2017. Sin embargo, los registros públicos, precisa que esta empresa recién fue creada en enero de 2015, es decir, dos años después del inicio de labores que consignó Aguilar.
Tras la controversia generada, Aguilar manifestó que inicialmente hizo labores independientes de abogado con el nombre comercial de Aguilar & Motta Abogados, a pesar que no era una empresa constituida. En tanto, su elección fue constituida con veintiocho votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, para que sea el nuevo contralor de la república. Cabe señalar, que, en esta sesión, no se permitió ingresar a periodistas a diferencia de otras sesiones que se llevaban a cabo en la Sala Grau.
En respuesta a esta situación, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) mencionó que este bloqueo a la prensa es un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información pública: “El 24 de julio de 2024, Alejandro Soto prohibió el acceso de la prensa a la última sesión de la comisión permanente. La medida impuso que reporteros y reporteras sigan la sesión a través del canal de televisión del Congreso”, se visualiza en el texto.
