Y ahora ¿A qué nueva estrategia artera de retiro y contraataque recurrirán el Comunismo Internacional del Siglo XXI para implantar el Comunismo en el Perú, con sus aliados y adeptos que ya conocemos en el mundo y especialmente en nuestra región, incluyendo los Organismos Internacionales, ONGs y por supuesto los integrantes del Foro de Sao Paulo y Grupo Puebla, los mismos que defienden y promueven también al nuevo orden internacional? Así mismo en nuestro país ¿Qué harán el desmembrado partido Perú Libre, los caviares, los terroristas, los criminales de la minería y tala ilegal, los delincuentes comunes, los infiltrados e ilegales etc., para cumplir su amenaza anunciada de tomar Lima en el mes de Julio? Pues respecto a las protestas que venían sucediendo en nuestro país, el máximo organismo jurisdiccional del Perú, la Corte Suprema de Justicia, emitió Sentencia en Casación (Última Instancia del Poder Judicial), la misma que indica que las protestas que afectan derechos de terceros, son un “delito” y no están reconocidas en nuestra Constitución ni en ninguna norma legal, es decir no cuenta con ninguna protección jurídica
Lo único válido que prevalece para reclamar los derechos de los trabajadores y ciudadanos, son las “huelgas laborales y la huelga de hambre”. Con esta Sentencia de la Corte Suprema, deberían quedar prohibidas todo tipo de protestas, así sean pacíficas, si es que estas afectan a terceros, es decir a los derechos de otros y al sistema económico.
Pero con los últimos hechos acaecidos, toda esta situación se torna en una “encrucijada”, pues el 17 de Mayo último, salió un “Pronunciamiento del Poder Judicial que Garantiza el Derecho a la Libertad de Protesta pero Sin Violencia”, cuando todos sabemos que una sentencia es una sentencia y no se puede modificar con un “pronunciamiento” que a la legua se nota que tiene más de político que de jurídico. Y para completar la encrucijada, con la ideología que profesa el recientemente elegido nuevo Defensor del Pueblo, promovido por Perú Libre, no sabemos a ciencia cierta a quien defenderá.
No queda otra opción que seguir observando los acontecimientos que se vienen y ojalá que la DINI y las Direcciones y Servicios de Inteligencia de las FF.AA. y PNP, se mantengan en máxima alerta, agudicen sus investigaciones al respecto y puedan prevenir cualquier tipo de estrategias y tácticas que quieran aplicar a nuestro país la Izquierda Nacional e Internacional, en esta encrucijada que podría suscitar desmanes y actos de violencia en todo sentido en el país, con la suficiente antelación a los hechos a fin de que el Ejecutivo y Fuerzas del Orden puedan neutralizarlos aplicando lo que establece la Constitución, las Leyes, Decretos y Reglamentos vigentes.
Mientras tanto, el Congreso debería de fortalecer el Código Penal, siendo más rígido y reforzando las penas en los delitos de bloqueo de carreteras, quema de propiedades del estado y privadas (fiscalías, comisarías, fábricas, servicios esenciales, patrulleros, ambulancias etc.), asaltos, raptos, asesinatos, ataques y quema de miembros de las Fuerzas del orden.
No olvidemos el refrán que sentencia “avalamos y somos cómplices de lo que por desidia o cobardía permitimos”.
¡Derechos de protesta que afectan derechos de terceros, comunismo y terrorismo nunca más en el Perú!
(*) Teniente general FAP en retiro
