No hay justificación ni norma que respalde que tengan seguridad del Estado, asegura congresista César Revilla

 

VALERIA PONCE

 

El diputado César Revilla Villanueva cuestionó el resguardo policial que mantienen José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, exintegrantes del Equipo Especial Lava Jato, por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

— ¿Es un abuso de una medida que se pensó para proteger a un fiscal en ejercicio y no a un exfuncionario cuestionado?

Es un abuso. Lo que buscan es un tema mediático, mientras él tenga seguridad, va a decir que alguien lo está persiguiendo. Ninguno de sus casos es emblemático y lo único que busca es victimizarse. Conociendo al fiscal, esto lo digo a título personal, no representa la opinión de mi partido, sea cual sea la decisión sobre la seguridad del Estado, se la den, no se la den o se la retiren, él va a decir que lo persiguen. Pero la verdad es que a nadie le importa un fiscal que fracasó en todo y cuyos casos terminaron archivados, porque se vio que era un fiscal político. Quedó demostrado cuando terminó participando en una campaña contra Fuerza Popular. Lo que se nota es que el señor siempre ha hecho abuso de su cargo para fines políticos. Tener cuatro efectivos por turno, ocho en total, desplazándose con él, uno manejando el auto, haciendo labores que deberían estar reforzando la seguridad de otra entidad, es totalmente innecesario. Es un abuso, es una victimización.

 

— ¿Considera justificable que el Estado mantenga ocho policías de resguardo permanente para Pérez y Vela cuando ninguno de los dos ejerce ya función fiscal en el caso Lava Jato?

La seguridad del Estado es necesaria y tiene un protocolo según el nivel de los funcionarios. A José Domingo Pérez, en su momento, le hicieron una adaptación especial del reglamento de seguridad del Estado, por lo que tengo entendido, solo los fiscales supremos tienen derecho a esa seguridad, y a él, siendo fiscal superior, se le dieron igual. Además, le asignaron una cantidad de efectivos casi equivalente a la del premier. Si un fiscal se enfrenta a una organización criminal internacional grande, se justifica que se le proteja; no me opongo a eso. Pero después de todo este tiempo y de toda la seguridad que ha tenido, ninguno de sus casos ha prosperado, no se logró llevar ninguno a sentencia, todos se cayeron, y las colaboraciones eficaces que aplicó, en mi opinión, las manejó tan mal que se convirtieron en orientaciones políticas más que legales. Se convirtió, como se dijo en su momento, en un fiscal político. En este momento, que ya no tiene ningún caso insignia, que nadie lo persigue y nadie piensa en él, que el señor siga con tanta seguridad no es un protocolo adecuado.

 

— ¿No le parece un exceso que se le brinde protección estatal permanente si ya no ejerce función fiscal y, según se le atribuye, actúa incluso como activista político?

Claro, son cuatro efectivos por turno, cuatro un día, cuatro otro, en realidad ya no hay justificación. No existe una norma que respalde que él tenga seguridad del Estado. Si el argumento fuera la inseguridad en general, todos los ciudadanos tendrían la misma posibilidad de solicitarla. Además, la seguridad del Estado ni siquiera cubre a la familia de los altos funcionarios, solo al dignatario. Entonces no hay justificación ni norma que la respalde: él, en este momento, es un ciudadano más, con un historial de fracasos en todos los casos que llevó. En mi opinión, debería retirársele la seguridad.

 

— Se podría argumentar que Pérez necesita protección porque actúa hoy como portavoz político. ¿Qué opina de ese argumento?

No lo necesitaría. Si vamos a decir que ha sido portavoz y que por eso la necesita, entonces ¿también habría que dársela a Roberto Sánchez, o a todos los que han sido candidatos a presidente? No creo que ese sea el criterio. Si la persona más importante en una contienda, el candidato presidencial, la tuviera por ese motivo, tampoco sería válido, porque la discrepancia política y la confrontación de ideas siempre se dan entre políticos, y eso no significa que al terminar la campaña alguien vaya a atentar contra el otro.

No he visto a nadie de los equipos técnicos de partidos que perdieron en segunda vuelta que necesite seguridad del Estado, ni a nadie en esa situación después de dejar un cargo público. Este es un tema particular, una interpretación forzada que le han dado. Tuvo debates y discusiones políticas porque se metió a la política, pero no he visto que le hagan protestas o marchas frente a su casa como para justificar que mantenga la seguridad del Estado.

 

— ¿Qué mecanismo legal tiene el Perú para pedir a la CIDH que revise o levante esa medida cautelar, dado que las circunstancias que la originaron, el ejercicio de la función fiscal, ya cambiaron?

No sé si esto tiene la trascendencia de un tratado internacional; si la tuviera, sería distinto, pero yo creo que el Perú es un país autónomo y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace tiempo dejó de ser objetiva. Lo hemos visto en distintos fallos del Tribunal Constitucional, en la mayoría de casos, la opinión de la Comisión no es vinculante. No sé si en este caso lo sea; eso tendría que precisarlo el canciller o el embajador. Pero si no es vinculante y, como ya no es fiscal, ya debería retirarse el resguardo de seguridad del Estado.

 

— ¿Qué organismo debería encargarse de evaluar que los fiscales dejen de contar con esta seguridad?

Creo que el caso debe revisarlo la Cancillería, por ser un tema de relaciones exteriores, junto con la Policía y el Ministerio del Interior, para determinar si el mandato de la CIDH es vinculante y, de serlo, si existe alguna vía legal para hacerlo cesar. Pero creo que no existe ninguna forma jurídica que lo sostenga, así que el señor no debería mantener tanta seguridad.