En una clara intromisión en asuntos internos del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública en el que se abordó sesgadamente la situación por la que atraviesa el Ministerio Público de Perú.
El comisionado de la CIDH Edgar Stuardo Ralón Orellana mencionó que la “figura de la acusación constitucional contra los operadores forma parte de un catálogo con alto potencial de debilitar la separación y equilibrio de poderes”. Ante la preocupación por parte de la sociedad civil, sostuvo que aplicarán los instrumentos que la comisión tiene a su alcance.
“La eventual remoción de la Junta Nacional de Justicia afectaría seriamente su funcionamiento y la independencia judicial”, advirtió.
Asimismo, la CIDH intenta invadir fueros del Congreso de la República, al intentar la aprobación de la ley para reorganizar y declarar en emergencia el Ministerio Público ante graves acusaciones que implican a los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Pablo Sánchez, así como a Gustavo Gorriti de la ONG IDL.
La CIDH demandó al Congreso de la República abstenerse de realizar un uso “abusivo de los mecanismos de juicio político contra altos operadores de justicia, incluyendo fiscales supremos”.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, menciona que la Junta Nacional de Justicia fue la que designó al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ”Si hubiera algún exceso, el mismo sistema tiene que corregirlo. En cuanto a los congresistas, tienen la prerrogativa de presentar proyectos según su leal saber y entender”, señaló Gutiérrez.
Mientras que al Poder Judicial se le solicitó resolver oportunamente los casos pendientes que denuncian afectaciones a la independencia de operadores y al Ministerio Público que continúe pronunciándose en defensa de su autonomía.
Cruz Silva, integrante del Instituto de Defensa Legal, expresó su preocupación por proyectos de ley que buscan interferir en la independencia y autonomía del Ministerio Público.
Instó a la Fiscalía promover una política de defensa frente a fiscales que son víctima de grupos relacionados a las partes investigadas y cuestionó la actuación del jefe de la autoridad nacional de control, Juan Antonio Fernández Jerí.
Silva mencionó los proyectos de ley que buscan declarar en emergencia el Ministerio Público y cesar a todos los fiscales supremos titulares, así como el acoso político y mediático a fiscales anticorrupción que investigan casos emblemáticos o figuras políticas.
La letrada también sacó a colación el intento del Congreso de destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la permanencia de la doctora Inés Tello tras superar los 75 años.
La audiencia fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
