La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de promover y proteger los derechos humanos en los países de la región.
En el caso del Perú, la relación entre el gobierno peruano y la CIDH ha sido a veces tensa, especialmente en lo que respecta a la investigación y el enjuiciamiento de casos de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre las décadas de 1980 y 1990.
La CIDH ha emitido varias resoluciones y sentencias condenatorias contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos cometidas durante este período, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual. Estos casos han incluido, entre otros, el de La Cantuta, en el que un grupo de estudiantes y un profesor fueron asesinados por un escuadrón de la muerte en 1992, y el de los desaparecidos de Barrios Altos, en el que un grupo de personas fue masacrado por miembros del ejército en 1991.
Durante la década de 1980, el Perú fue azotado por la violencia política causada por grupos armados de izquierda y derecha. Esta violencia tuvo un impacto devastador en los derechos humanos de la población peruana, especialmente en las regiones andinas y amazónicas del país. En este contexto, la CIDH desempeñó un papel clave en la promoción y protección de los derechos humanos en el Perú.
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En 1985, la CIDH creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un organismo independiente encargado de investigar y documentar los abusos de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno en el Perú. La CVR presentó su informe final en 2003, en el que documentó la muerte o desaparición de más de 69.000 personas y el desplazamiento de más de medio millón de personas como resultado del conflicto armado. El informe también recomendó medidas de reparación y reconciliación para las víctimas y sus familias.
Desde entonces, la CIDH ha seguido monitoreando la situación de los derechos humanos en el Perú y ha emitido varios informes y recomendaciones sobre temas como la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, la protección de los derechos de las personas LGBTI, el acceso a la justicia y la situación de los pueblos indígenas.
En 2018, la CIDH realizó una visita al Perú para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. En su informe final, la CIDH destacó algunos avances significativos en la protección de los derechos humanos en el país, como la promulgación de leyes para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y la creación de una fiscalía especializada en delitos de violencia de género. Sin embargo, la CIDH también señaló que persisten desafíos en materia de derechos humanos, como la lucha contra la corrupción y la impunidad, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la garantía del derecho a la protesta pacífica.
En conclusión, la CIDH ha desempeñado un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos en el Perú, especialmente durante los años de violencia política en el país. Aunque se han logrado algunos avances en la protección de los derechos humanos en el país, persisten desafíos importantes que deben abordarse para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en el Perú.
