Acusadores pasan a ser investigados como banda criminal
El archivo liminar y definitivo de las investigaciones sobre presunta corrupción y espionaje derrumba la cortina de humo montada contra la empresa Puma Air S.A.C. Paralelamente, la Fiscalía Formalizó Investigación Preparatoria contra los directivos de Servicios Aéreos de los Andes S.A.C. (Andes SAC), periodistas y agentes de inteligencia, imputándoles el delito de Banda Criminal (Art. 317-B del Código Penal) por la fabricación sistemática de denuncias calumniosas, tráfico de influencias y falsedad genérica.
CAZADOR CAZADO
La narrativa del «espía chileno» y de la «infiltración aeronáutica en áreas estratégicas» ha colapsado en el terreno fáctico y legal. Mediante resoluciones fiscales de archivo definitivo y la incorporación de pruebas tecnológicas irreversibles, el Ministerio Público ha cerrado los expedientes impulsados contra Puma Air S.A.C. y ha dado un giro procesal drástico: los denunciantes se han convertido en procesados.
El fiscal Luis Enrique Sánchez Valverde, del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, dispuso ampliar la formalización de la investigación preparatoria (Disposición N° 07, Caso 506014501-2025-2629-0) imputando formalmente el delito de banda criminal a la cúpula directiva de Andes SAC —Carlos Augusto Dammert Marcos, Francisco José Palacios Chopitea y Juan Alberto Regis Fuentes— junto a operadores legales, periodistas y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
- DERRUMBE DE «INVESTIGACIONES» FANTASMA
Durante meses se intentó posicionar en la opinión pública la existencia de investigaciones penales graves que comprometían la seguridad nacional. Los expedientes fiscales demuestran la atipicidad de las acusaciones y la instrumentalización del sistema de justicia:
– El archivo del caso Corrupción / Administración Pública (Caso SGF N° 506015506-2023-439-0 / 439-2024): La publicitada investigación surgida de una «denuncia anónima» expuesta en el dominical Panorama fue archivada de manera definitiva. No solo no resistió el análisis fiscal mínimo, sino que ni siquiera se llegó a aperturar una investigación formal y la empresa Puma Air jamás fue notificada, acreditando que la maniobra buscaba únicamente generar impacto mediático para ahogar financieramente a la competencia.
– El archivo liminar por Espionaje (Caso N° 906014512-2026-517-0 / Callao): El 16 de junio de 2026, el Tercer Despacho de la 12° Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao dispuso el Archivo Liminar y Definitivo de la denuncia por delito contra el Estado y la Defensa Nacional – Espionaje. El fiscal Álvaro Osorio Nevado concluyó que los hechos son plenamente atípicos y que se trató de una «especulación de la noticia criminal periodística».
– Evidencia oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP): La resolución judicial recoge el Comunicado Oficial N° 019-2025 del Ministerio de Defensa, donde se precisa que Puma Air arrendó un área comercial aislada de 271 metros cuadrados dentro del Ala Aérea N° 2, sin colindancia con zonas militares sensibles y con acceso controlado por personal FAP. Además, se certificó que el ciudadano chileno Walton Mery Pinto «no registra ningún ingreso a la Base Aérea y no forma parte de los registros de autorización, visita o trabajo».
- LA PRUEBA REINA: LOS CHATS
Las investigaciones en la Carpeta Fiscal N° 2629-2025 han incorporado el vaciado de conversaciones de WhatsApp sostenidas entre julio de 2024 y diciembre de 2025. Los mensajes revelan una estructura articulada para extorsionar, difamar y destruir comercialmente a rivales societarios:
- A) El diseño para «destruir» al socio y a la competencia
– 23 de julio de 2024: Francisco Palacios (socio de Andes SAC) le escribe a su empleado Armando Ortiz: «Armando estuve reunido con Regis y están de acuerdo que de una manera u otra debemos ver que salga Walton de la sociedad […]» A lo que Ortiz responde: «Yo apoyo todo lo que me diga… pero nos cargamos un monstruo sobre nuestras espaldas y tenemos que ser bastante inteligentes y sobre todo discretos […]»
– 22 de agosto de 2024: Juan Alberto Regis (Gerente General de Andes SAC) le indica a Palacios: «Entonces el punto es mostrar un Walton que invoca a la corrupción junto a sus cabezas lo demostramos y estamos tranquilos […] Apoyo se tiene y fuerte pero a la gente le gusta resultados que empiecen en la televisión en la prensa no en redes […]»
- B) Hackers y seguimiento ilegal
– 21 de julio de 2025: Armando Ortiz coordina directamente con Frank Martínez Quispe (Hacker de comunicaciones) la interceptación y seguimiento de objetivos: «Seguimiento por localización de unos números… Deben ser unos 4 o 5. De WhatsApp la info otros 3 y de 3 correos. Por todo eso te di el paquete que es 5000 mensual […]» Martínez le aclara: «Mi amigo todo es efectivo nada por banco. No es legal esto y me puedo perjudicar».
- C) Operaciones de boicot financiero
– 23 y 26 de julio de 2025: Juan Alberto Regis y sus operadores legales (Dr. Omar y Dr. Aníbal Saco) coordinan con funcionarios del Banco de Crédito del Perú (BCP) como Alexis Henry Fernández y Hugo Oblitas para diseminar información falsa sobre el capital accionarial de Puma Air y forzar el congelamiento de sus cuentas bancarias. Oblitas llega a responder: «Bueno amigo ya se hizo y está todo caminando por ahí escucharon que se solicitará una aclaración del tema… Y posible congelamiento de cuentas mientras dure el tema».
- D) Búsqueda de un «Patriota» para firmar denuncias falsas
– 7 de agosto de 2025: En coordinaciones entre el perito Alejandro Camarena y un operador legal de Andes SAC, se admite la dificultad de conseguir denunciantes: «No es encontrar a cualquiera y aparte no es fácil sacar un patriota que ante un reportaje periodístico decida denunciar y gastar de su plata. Eso sería más fácil de hacer con un aspirante a congresista…»
- DE PLANTEAR FALSAS ACUSACIONES A ENFRENTAR CARGOS POR «BANDA CRIMINAL»
La Disposición Fiscal N° 07 del 24 de abril de 2026 marca el punto de no retorno judicial para los imputados. El Ministerio Público ha determinado que las acciones desplegadas no fueron incidentes aislados, sino la ejecución de un plan preconcebido por una organización delictiva.
El documento fiscal tipifica explícitamente la conducta bajo el Artículo 317-B del Código Penal (Banda Criminal), que sanciona con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años a quienes integren una agrupación destinada a cometer delitos de concertación.
Imputados formalmente en la investigación preparatoria:
- Juan Alberto Regis Fuentes (Apoderado y Ex Gerente de Andes SAC).
- Carlos Augusto Dammert Marcos (Socio mayoritario y Director de Andes SAC).
- Francisco José Palacios Chopitea (Socio mayoritario y Director de Andes SAC).
- Armando David Ortiz Camacho (Empleado de Andes SAC).
- Linda Gracy Zúñiga Gogny (Oficial PNP de la DINI).
- Cindy Rossi Mayta Ninancuro (Suboficial PNP de la DINI).
- Roberto del Águila Cerna (Periodista / nexo con inteligencia).
Delitos imputados en concurso: Falsedad Genérica, Tráfico de Influencias, Cohecho Pasivo Propio, Denuncia Calumniosa y Banda Criminal en agravio del Estado.
SENTENCIA ÉTICA
La resolución de los expedientes penales deja al descubierto una de las maniobras de manipulación institucional y mediática más severas de los últimos años. Utilizar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), redactar correos «anónimos» clonando libretas de programas dominicales, pagar a receptores de información y contratar cibercriminales para intentar arruinar a un competidor comercial constituye una perversión del Estado de Derecho.
Mientras las denuncias inventadas contra Puma Air yacen archivadas en el cesto de la falsedad procesal, los altos directivos de Andes SAC y sus aliados mediáticos y de inteligencia deberán responder ante los jueces en calidad de imputados por Banda Criminal. La verdad fáctica ha despejado el lodo: no había espías en el aire, sino una conspiración en la tierra.
