El Colegio de Abogados de Lima advirtió que el decreto de urgencia que habilita la privatización de Petroperú no cumple los requisitos constitucionales. También cuestionó la transferencia de activos estratégicos.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) solicitó la derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Dicha norma establece medidas vinculadas a la reorganización de Petroperú y, según el gremio, facilitaría su privatización sin sustento constitucional.
El pronunciamiento señala que no se ha acreditado una situación extraordinaria e imprevisible que justifique la emisión del decreto. Así lo exige el artículo 118, inciso 19, de la Constitución.
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Situación financiera y rol estratégico de Petroperú
El decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, indicó que la situación financiera de Petroperú es conocida desde hace años. Además, sus activos permiten evaluar alternativas de reorganización sin transferir activos al sector privado.
El gremio recordó que Petroperú cumple un rol clave en el abastecimiento de combustibles, especialmente en zonas donde no opera el sector privado. Esta participación contribuye a la seguridad energética y a la continuidad del servicio a nivel nacional.
Observaciones sobre activos y uso de recursos públicos
Según el CAL, Petroperú registra activos valorizados en más de US$10.000 millones y un endeudamiento estimado en S/6.603 millones. Estas cifras deben ser evaluadas con criterios técnicos y transparencia.
El pronunciamiento también advierte que el decreto habilitaría la intervención de ProInversión para la transferencia de activos estratégicos, como la Refinería de Talara. Además, autoriza el uso de recursos públicos destinados a otros fines, lo que podría afectar derechos laborales.
El Colegio de Abogados de Lima reiteró su pedido de derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025. Asimismo, anunció que se mantendrá vigilante frente a las decisiones que involucren a Petroperú.





