El Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 8242/2023-PE, que propone otorgar una asignación especial mensual a los comandos militares que participaron en el exitoso operativo de rescate de rehenes, conocido como “Chavín de Huántar”.
La iniciativa legislativa fue aprobada en primera votación con 77 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones.
La congresista Adriana Tudela (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, explicó que la propuesta establece una asignación especial mensual de 2550 nuevos soles para cada uno de los comandos militares involucrados en el operativo.
Este beneficio no será aplicable a los comandos que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de un delito doloso.
En tanto, la legisladora Lady Camones indicó que el objetivo de este proyecto es reconocer la valiosa labor de los comandos militares que participaron en el operativo Chavín de Huántar, realizado el 22 de abril de 1997.
Camones precisó que la asignación especial mensual no tiene carácter remunerativo, ni es transferible, ni pensionable, ni hereditario. Además, no está sujeta a cargas sociales.
El dictamen fue aprobado en segunda votación con 82 votos a favor, 18 en contra y 23 abstenciones.
El 22 de abril de 1997, el Ejército Peruano llevó a cabo una operación militar que resultó en la liberación de 72 rehenes que habían sido retenidos por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
Este evento, conocido como la Operación Chavín de Huántar, se desarrolló en la residencia del embajador de Japón en Lima, donde los afectados habían estado cautivos durante 126 días. La intervención fue una de las más arriesgadas y heroicas en la historia reciente de Perú.
El secuestro comenzó el 17 de diciembre de 1996, cuando miembros del MRTA irrumpieron en la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, en el distrito de San Isidro. Durante las primeras horas del asalto, la mayoría de los retenidos fueron liberados, incluyendo a todas las mujeres, entre ellas la madre del entonces presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, 72 personas permanecieron en cautiverio hasta la operación de rescate.
La operación militar fue meticulosamente planificada y ejecutada por un grupo de comandos del ejército peruano. Durante la incursión, se produjo la muerte de un rehén, el Dr. Carlos Giusti Acuña, vocal de la Corte Suprema, así como de dos militares: el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. Además, los catorce miembros del MRTA que mantenían el control de la residencia fueron abatidos.