Defensoría del Pueblo verifica que las barreras no detienen el comercio informal y advierte sobre el peligro en emergencias.
En pleno auge de las campañas navideñas y de fin de año, la Municipalidad de Lima implementó rejas permanentes en los principales accesos al Mercado Central y Mesa Redonda con el objetivo de combatir el comercio ambulatorio. Sin embargo, esta medida ha generado un profundo descontento entre comerciantes y compradores, quienes denuncian que las estructuras representan un obstáculo para sus actividades y un grave riesgo en situaciones de emergencia.
Las rejas están ubicadas en puntos estratégicos como el cruce del jirón Ayacucho con la avenida Nicolás de Piérola, así como en otras intersecciones concurridas. La vigilancia de estos accesos está a cargo de serenos, fiscalizadores y personal de diversas áreas municipales. A pesar de esta medida, el comercio informal persiste al interior de la zona, evidenciando la poca efectividad de las barreras.
Varios empresarios han expresado su malestar debido a que las rejas dificultan el ingreso y la salida de mercadería. “Con estas rejas, no puedo trabajar bien. Hay mucho desorden y, si sucede un incendio, los bomberos no podrían ingresar con rapidez”, comentó un comerciante preocupado.
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La problemática se agrava para personas con discapacidad que dependen del comercio para su sustento. Una vendedora en silla de ruedas explicó las dificultades que enfrenta a diario: “La entrada es angosta y la gente se aglomera. Soy madre y padre para mis hijos, pero estas barreras me afectan gravemente. Necesitamos que las retiren”. Además, los comerciantes critican la propuesta del municipio de trasladarlos a zonas alejadas y peligrosas, como La Huerta Encontrada.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo inspeccionó la zona y concluyó que las rejas no cumplen con su objetivo de controlar la informalidad. Más preocupante aún, advirtió que estas barreras podrían retrasar las respuestas ante emergencias como incendios o desastres.
Los afectados han solicitado al municipio reconsiderar la medida y retirar las rejas para garantizar un entorno más seguro y funcional. Mientras tanto, la Municipalidad de Lima no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas de los comerciantes y las observaciones de la Defensoría.
