Torres fue acusado de proselitismo político en contra de la Carta Magna
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) contra Aníbal Torres, recomendando su inhabilitación por 10 años en la función pública.
La denuncia, presentada por el congresista Jorge Montoya, incluía presuntos delitos como motín, conspiración para una rebelión y omisión de resistencia a rebelión o sedición.
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La acusación se basó en los eventos ocurridos el 10 de agosto de 2022, cuando Torres invitó a líderes de diversas organizaciones sociales a Palacio de Gobierno y supuestamente los instó a movilizarse hacia Lima para promover una nueva Constitución.
Martha Moyano defiende informe final contra Aníbal Torres
De acuerdo con la parlamentaria Martha Moyano, el exprimer ministro de Castillo vulneró la ley, denigró la constitución y utilizó los llamados PCM para azuzar a la población, “hacer proselitismo político como si se tratara de un evento partidario y no para deliberar proyectos en favor de la Nación”.
Asimismo, el informe final indicó “que los actos y expresiones de Aníbal Torres vertidos, fundamentalmente, en los denominados consejos de ministros descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”.
Moyano, delegada del informe final, afirmó que se siguieron los procedimientos constitucionales y que las acciones y declaraciones de Torres infringieron los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución.
A pesar de la ausencia de Torres en la Comisión Permanente, quien envió un oficio argumentando que la denuncia era infundada, la Mesa Directiva consideró su inasistencia injustificada y procedió con el debate.
