En un clima de tensión permanente cada vez más áspero e insostenible en los campos de refugiados de Tinduf, y con el fin de crear un nuevo incidente diplomático entre Marruecos y España, el régimen dictatorial de Argelia convenció al Gobierno español de Sánchez-Iglesias para acoger en su territorio, con pasaporte e identidad falsas, al jefe de las milicias separatistas del Polisario requerido por la justicia española
Se trata del sujeto Brahim Ghali, “presidente” de la autodenominada república fantoche saharaui, quien no ha podido viajar con su pasaporte argelino puesto que tiene una orden de arresto y captura vigente, emitida por la Audiencia Nacional española.
En 2016, este individuo fue imputado por el juez José de la Mata, por acusarle de la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (sur de Argelia). El juez admitió una denuncia a trámite en noviembre de 2012 y que fue interpuesta por la asociación la Asociación Saharaui de Derechos Humanos ASADEDH y tres víctimas contra 28 miembros del frente Polisario y altos cargos del Gobierno argelino.
Hace unos días, el Gobierno español cayó en la trampa haciendo un favor al régimen militar dictatorial de Argelia, permitiendo al acusado de tantos crímenes atroces entrar a su territorio y recibir atención hospitalaria bajo el pretexto de “razones humanitarias” usando nada menos que una identidad falsa y argelina.
Todo un escándalo, que ha hecho reaccionar a la diplomacia marroquí convocando al embajador español en Rabat, deplorando la actitud del gobierno Sánchez-Iglesias y exigiéndole las explicaciones necesarias sobre la actitud de su Gobierno.
En un comunicado, la Cancillería marroquí expresó su decepción por este acto contrario al espíritu de asociación y de buena vecindad y que concierne una cuestión fundamental para el pueblo marroquí y sus fuerzas vivas.
Para la Cancillería marroquí, la actitud de España suscita una gran incomprensión e interrogantes legítimos: ¿Por qué el denominado Brahim Ghali fue admitido en España a escondidas y con un pasaporte falso? ¿Por qué España consideró útil no informar a Marruecos? ¿Por qué optó por su admisión con una identidad falsa? ¿Y por qué la justicia española no ha reaccionado aún a las numerosas denuncias presentadas por las víctimas?
Por su parte, las víctimas españolas de los actos terroristas perpetrados por los separatistas del Polisario exigieron la detención inmediata del acusado, quien según fuentes seguras está ingresado en un hospital de Logroño, La Rioja, usando un pasaporte diplomático argelino con un nombre falso para escapar de la justicia española.
La ASADEDH y la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) condenaron en sus comunicados la entrada ilegal de este individuo en España, y exigieron a las autoridades españolas su detención inmediata ya que es objeto de una orden de busca y captura por los atentados que cometió.
El jefe de los separatistas está acusado también de “asesinatos contra trabajadores canarios” en el territorio del Sahara, así como de ordenar “asesinatos, secuestros masivos y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los marineros canarios en las décadas de 1973 y hasta finales de 1986”.
Con el apoyo de la Federación Nacional de Víctimas de España, de la que es miembro, Acavite, que agrupa a los familiares de más de 300 víctimas del terrorismo del Polisario, denuncia la decisión de las autoridades españolas de autorizar “el ingreso ilegal y la hospitalización en un hospital público” de un notorio criminal que asesinó a ciudadanos españoles.
Sobre la base de estos argumentos, las asociaciones reclaman “a la Justicia, al Gobierno de España y ministerios implicados, que cumplan cuanto antes con su deber de atender a las víctimas canarias del terrorismo y no a los asesinos del frente Polisario”. Asimismo, Acavite acusó al Gobierno español de participar en un “blanqueo de las acciones terroristas de Brahim Ghali, con el pretexto de enfermedad y supuestas razones humanitarias”.
La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos interpuso un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 del que es titular Santiago Pedraz para investigar la estancia del jefe del polisario, un grupo de milicias ligado a organizaciones terroristas.
Otro denunciante fue el politólogo español, Pedro Ignacio Altamirano, quien presentó el sábado pasado una denuncia a través de su abogado ante el juez de instrucción del juzgado de Málaga contra el denominado Brahim Ghali, acusándole de ser el instigador de las amenazas de muerte que le dirigen las milicias del Polisario a través de las redes sociales. También exige la detención inmediata de Brahim Ghali por amenazas de muerte y difamación.
Con este grotesco y ridículo negocio -¿cuál fue el precio?- al más alto nivel entre España y Argelia, queda por ver si la justicia funciona de manera independiente en el país europeo, que acaba de recibir un tirón de orejas por parte de la Unión Europea, tras el retraso en la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
En definitiva y tras este bochornoso episodio, podemos resaltar algunas conclusiones:
• Que el régimen militar argelino esta ganando tiempo en los campamentos de Tinduf, que son un auténtico volcán en erupción, deshaciéndose del jefe del Polisario para poder preparar el relevo sin su presencia,
• Que la inteligencia marroquí ha dado una bofetada a los dos países destapando este escándalo,
• Que la izquierda española siempre se equivoca de aliado
• Que el Polisario jamás será un Estado a pesar de todo el apoyo de Argelia y la simpatía de un sector de España.
