¡No se trata de alguna suposición nuestra, estimado lector!. La inquietud surge del artículo aparecido este lunes 11, en la edición digital de “El Comercio”. En él –Fernando Tuesta, su autor– propone proscribir la campaña electoral, visto el incremento de los contagios y decesos por la nueva cepa del Coronavirus. Afirma que: “las invocaciones a la responsabilidad de parte de los candidatos no han sido suficientes”. Entonces: “se requiere de una norma especifica” que prohíba las actividades electorales, “en aras de proteger un bien superior, la vida y la salud pública”. E insta a que: “El Ejecutivo, a través del MINSA y del Ministerio del Interior,… debe dar una norma específica con claras sanciones” y las ejecute.
Teniendo en cuenta que Tuesta es el más reputado filósofo de las reformas vizcarristas –esas que han quebrantado la Constitución Republicana y constreñido la participación política con reglas electorales abstrusas– su opinión no puede ser tomada a la ligera. Al contrario, debe preocuparnos mucho, ya que pre-anuncia las amenazas antidemocráticas; antes de Vizcarra y del gobierno rojimorado de Sagasti, próximamente.
Extraña de sobremanera que a esta gente le interese “la vida y la salud pública”, en serio. Mostraron una displicencia e irresponsabilidad total cuando se desató la pandemia; intentando pavonarse primero y ocultar la realidad después. Luego, ¿no fueron parte del coro oficialista que convoca multitudes para la caída de Merino, haciendo caso omiso a la emergencia sanitaria?. Y aún recordamos a aquel galeno engreído por la prensa alcahueta proclamando que: “las marchas de protesta no contagian”. ¡La intención de suprimir la campaña electoral en absoluto tiene que ver con el bienestar del
Estamos en los prolegómenos de otra maniobra contra el país. Distorsionar el proceso eleccionario en marcha, para obtener el resultado que más convenga a sus intereses subalternos. Esto es, garantizar que el estilo vizcarrista de gobierno, inaugurado hace casi tres años, se prolongue en el poder. Para ello, habrá que manejar fraudulentamente las elecciones, desde el Ejecutivo. Y así asegurar que los candidatos que apuestan a ser delfines de aquella pesadilla nacional, consigan una victoria adulterada, que jamás la obtendrían legítimamente. Poderosos intereses confluyen hoy día en el continuismo gubernamental, sin que importe la sordina a la voluntad popular expresado en las urnas.
Con gran desfachatez el autor aconseja que el Ministro del Interior sea el encargado de hacer cumplir “la norma prohibitiva y sancionadora. Es decir, que José Elice, militante del Partido Morado, ahora en el poder, y candidato al Parlamento en las últimas elecciones, sea cancerbero de los actos de proselitismo político y el que penalice a los candidatos. Obviamente, a los opositores e independientes. ¡Verificamos que a esta gente, el poder los ha enloquecido!.
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