Poder Judicial dictó orden
El juez Manuel Chuyo Zavaleta declaró fundado el pedido de comparecencia con restricciones para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Esta medida también alcanza a su exgerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez.
El pedido se dio en el marco de la investigación de presuntos aportes de empresas brasileñas para su campaña del ‘No a la revocatoria’ (2013). Por este mismo caso, el 26 de julio pasado el Poder Judicial dispuso que se prolongue la orden de impedimento de salida del país en su contra por un periodo de ocho meses.
La medida también alcanza al exfuncionario municipal José Castro. Ambos son acusados de los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo propio, por presuntamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la compaña contra la revocatoria en 2013.
Investigación en su contra
El pasado 19 de julio, el Ministerio Público formalizó la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y otros funcionarios, así como a un ejecutivo de la empresa OAS por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de activos. Los hechos corresponden a la investigación preliminar sobre la campaña del «No» a la revocatoria.
El Ministerio Público dirigió en abril el allanamiento de las viviendas de la exalcaldesa en Miraflores y Lurín, así como la de su exgerente municipal José Miguel Castro. La tesis de la Fiscalía, según consta en la resolución fiscal que autorizó la diligencia, es que Villarán habría solicitado la financiación de su campaña del ‘No a la revocatoria’ a Odebrecht y OAS porque estas tenían “intereses” en la Municipalidad de Lima.
