Rechazo unánime a maniobra comunista contra senador por denunciar a jueces que persiguen ilegalmente a policías y militares
Un rechazo unánime ha generado la denuncia constitucional presentada contra el senador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, por los izquierdistas Mirtha Vásquez, Jaime Quito (senadores), e Indira Huilca (diputada), por haber denunciado ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a jueces que, zurrándose en la ley, insistían en perseguir ilegalmente a militares y policías.
Los congresistas comunistas exigen, de forma absurda, una sanción de suspensión e inhabilitación de hasta diez años para Rospigliosi.
“La izquierda en el Parlamento quiere sacarme del Senado porque he denunciado a jueces prevaricadores, que desacatan la ley con el exclusivo propósito de perseguir ilegalmente a policías y militares. Entre los acusadores, Indira Huilca, que acusó falsamente al Ejército de haber matado a su padre, a sabiendas de que lo asesinó Sendero Luminoso, para cobrar US$250,000. Y ahora está aliada con los asesinos de su padre”, señaló Rospigliosi.
RESPALDO
Ante ello, representantes de diversas asociaciones policiales en situación de retiro expresaron su respaldo a Rospigliosi Capurro.
A través de un pronunciamiento público, los representantes manifestaron su preocupación por esta iniciativa y pidieron que se respeten las garantías constitucionales durante cualquier procedimiento de investigación.
En el documento, identificado como el Pronunciamiento Público N.° 16, las asociaciones señalaron que todo proceso destinado a establecer responsabilidades constitucionales debe garantizar el debido procedimiento, el derecho a la defensa y la independencia de poderes.
Asimismo, advirtieron que las discrepancias políticas no deben convertirse en mecanismos que vulneren los derechos de quienes afrontan investigaciones o acusaciones.
Los representantes también destacaron el respaldo que, según indicaron, Rospigliosi brindó a las principales reivindicaciones del personal policial y militar.
Entre ellas mencionaron la protección jurídica de los efectivos que enfrentan al terrorismo y la delincuencia organizada durante el cumplimiento de sus funciones, así como la necesidad de evitar procesos y sanciones injustas contra quienes actúan conforme a la Constitución y las leyes.
Otro de los puntos resaltados fue la defensa de la Ley N.° 32130, relacionada con el fortalecimiento de la participación de la Policía Nacional del Perú en la investigación preliminar del delito, bajo la conducción jurídica del Ministerio Público.
Las asociaciones consideraron importante respaldar las iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades institucionales de la PNP y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de su labor.
RECONICMIENTO
En materia de derechos sociales, los firmantes también reconocieron el apoyo del senador a la restitución de la pensión completa para el personal policial y militar al culminar sus años de servicio.
A ello sumaron la necesidad de mejorar la atención sanitaria, los servicios de Saludpol, el acceso a medicamentos y la protección social de los efectivos en actividad, retiro y sus familias.
Frente a la denuncia constitucional, los representantes expresaron su solidaridad institucional con Rospigliosi y manifestaron su preocupación ante una posible utilización de los mecanismos parlamentarios con fines de represalia o persecución política.Seguir política
Por ello, exhortaron a las autoridades a garantizar la objetividad y la imparcialidad, además de priorizar los intereses nacionales por encima de las confrontaciones partidarias.
ALERTA
En la misma línea, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó la denuncia y expresó su firme respaldo a Rospigliosi Capurro.
“¡La discrepancia política no constituye una infracción constitucional! La separación de poderes garantiza la independencia judicial, pero de ninguna manera impide cuestionar decisiones jurisdiccionales ni acudir a los mecanismos legales de control. Presentar denuncias ante la Junta Nacional de Justicia es un derecho que no puede confundirse automáticamente con presionar o interferir en la labor de los magistrados”, señalaron.
“No basta invocar la independencia judicial para justificar una sanción de semejante gravedad. La denuncia debe demostrar, con hechos y pruebas concretas, una conducta de interferencia indebida. Las opiniones críticas y las denuncias presentadas ante las autoridades competentes no acreditan, por sí mismas, una vulneración de la Constitución”, insistieron.
Recalcaron que “Rospigliosi cuenta con una reconocida trayectoria como sociólogo, investigador, periodista, analista político y exministro del Interior. Su firmeza, experiencia y compromiso con la seguridad ciudadana han caracterizado su desempeño como congresista, presidente encargado del Congreso y ahora senador de la República”.
La CCL advierte que desnaturalizar las denuncias constitucionales para convertirlas en herramientas de confrontación política constituye un peligroso precedente que amenaza la estabilidad del Senado y debilita la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
“El Perú necesita un Parlamento concentrado en combatir la inseguridad, impulsar la inversión, generar empleo y recuperar el crecimiento económico, no atrapado en enfrentamientos políticos que profundizan la división del país”, indicaroen.
Por ello, refirieron que “la Cámara de Comercio de Lima reafirma su defensa de la independencia de poderes, la libertad de expresión y el debido proceso, y exige que las acusaciones constitucionales se sustenten en infracciones debidamente acreditadas, respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. ¡Las denuncias constitucionales existen para defender la Constitución, no para castigar a quienes piensan diferente!”.
PERSECUCIÓN
Finalmente, el presidente del Congreso, Miguel Torres, defendió al senador Fernando Rospigliosi.
“La denuncia constitucional no puede convertirse en una herramienta para silenciar posiciones políticas ni perseguir al adversario. Expreso mi respaldo al senador Fernando Rospigliosi”, escribió en X.
