La nueva estrategia busca garantizar el cumplimiento de las normativas sobre discapacidad.
El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) aprobó el ‘Plan de Fiscalización en materia de Discapacidad 2025’ con el objetivo de fortalecer la supervisión del cumplimiento normativo en entidades públicas y privadas.
La estrategia también busca fomentar acciones que garanticen la igualdad efectiva de las personas con discapacidad.
A través de la Resolución N° D000031-2025-Conadis-PRE, se oficializó este plan que contribuirá al logro del Objetivo Estratégico Institucional (OEI) de incrementar la adherencia a la normatividad vigente.
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Como parte de esta iniciativa, se conformaron cuatro equipos especializados denominados Ejes Temáticos y una Unidad de Atención de Denuncias.
El Eje Temático de Fiscalización en Accesibilidad Universal evaluará el acceso físico, el transporte y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
También se establecieron los ejes de Fiscalización en Empleo, Fiscalización en Presupuesto y Fiscalización en Educación.
Adicionalmente, la Unidad de Atención de Denuncias verificará el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables.
Para optimizar la fiscalización, la Subdirección de Fiscalización aplicará seis criterios clave. Primero, se considerará el período de supervisión previo de las entidades.
Segundo, se garantizará una cobertura descentralizada a nivel nacional. Tercero, se tomará en cuenta el factor climatológico para programar las intervenciones en provincias.
El cuarto criterio priorizará las entidades que brinden servicios directos a personas con discapacidad. Quinto, si una denuncia es verificada como admisible, se derivará al eje temático correspondiente.
Finalmente, también se programarán fiscalizaciones por orden superior cuando sea necesario.
El plan establece que las intervenciones en campo permitirán recopilar información detallada sobre el cumplimiento normativo en distintas regiones.
Este análisis ayudará a identificar los desafíos específicos que enfrenta cada localidad y orientará las medidas correctivas necesarias.
Para el 2025, se proyectan fiscalizaciones en 10 regiones y al menos 78 provincias. La Subdirección de Fiscalización seleccionará las entidades a supervisar considerando su historial de intervención.
Los informes resultantes podrán concluir con certificaciones de conformidad o con recomendaciones para iniciar procedimientos administrativos. Además, se brindará orientación a entidades según su nivel de cumplimiento previo.
Esto permitirá fortalecer el compromiso institucional con la normativa y asegurar mejoras en la atención y los derechos de las personas con discapacidad en el país.
