Los responsables recibieron penas de prisión suspendida y una reparación civil
Dos hombres fueron condenados por cazar ilegalmente un oso de anteojos en la provincia de Sandia, Puno, recibiendo penas de prisión suspendida y reparación civil.
El hecho ocurrió en mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19, cuando publicaron imágenes en Facebook posando con un rifle junto al animal muerto, provocando indignación.
Tras un proceso judicial de cuatro años, ambos fueron condenados a tres años y cinco meses de prisión suspendida, además de una reparación civil de 8,600 soles a favor del Estado peruano.
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Los acusados fueron declarados culpables del delito de depredación de flora y fauna silvestre en su forma agravada, según lo determinó el Poder Judicial.
Ambientalistas y expertos critican las sanciones impuestas, argumentando que las penas son insuficientes para disuadir la caza furtiva y proteger el hábitat del oso andino.
El suceso ha despertado indignación en redes sociales y entre organizaciones ambientales, que reclaman sanciones más severas y medidas efectivas contra la caza ilegal.
El fenómeno no solo afecta la biodiversidad, sino que también genera pérdidas económicas significativas para el país, debido a la fuga de recursos y el daño ambiental.
El Instituto Nacional de Defensa del Ambiente inició investigaciones para determinar las causas exactas y evaluar si existen contaminantes involucrados en la caza furtiva.
Las autoridades ambientales han subrayado la importancia de intensificar la fiscalización y la cooperación internacional para erradicar la caza ilegal y proteger especies en peligro de extinción.
El sector judicial manifestado que las penas impuestas deben servir como advertencia, sin embargo, muchos consideran que son demasiado leves para combatir este delito ambiental.
Organizaciones ambientalistas han exigido reformas legales que aumenten los castigos, imponiendo multas más altas y sanciones penales severas para disuadir a los cazadores furtivos.
El caso ha generado debate público, con ciudadanos y expertos exigiendo mayor rigor judicial para proteger la biodiversidad y el patrimonio natural del país.
La comunidad internacional insta a los gobiernos a implementar estrategias integrales para frenar la caza ilegal y preservar las especies amenazadas.
