Los dispositivos móviles y los apuntes decomisados en la cárcel podrían estar vinculados a casos de extorsión
El Instituto Nacional Penitenciario llevó a cabo una operación inusual en los bloques N°9 y N°12 del Centro de Detención Penitenciaria Miguel Castro Castro, después de que se declarara el estado de emergencia en los sectores de San Juan de Lurigancho y San Martin de Porres.
Como resultado de esta acción, que se realizó en colaboración con la Fiscalía, se confiscaron cuatro teléfonos móviles, manuscritos con apuntes de números de teléfono que podrían estar vinculados a actividades de chantaje.
Además, se incautaron 2 unidades USB, 2 tarjetas de memoria micro SD, 1 cable de conexión USB, 2 auriculares, 2 cargadores, 131 envoltorios que contenían una sustancia sospechosa con similitudes a PBC, 61 envoltorios con una sustancia presumiblemente prohibida de color blanco y 15 sacos de líquido fermentado con alrededor de 90 litros.
Esta medida tiene como objetivo reforzar la zona de inaccesibilidad en los alrededores de los centros de detención y/o proteger su espacio aéreo, en el contexto de la lucha contra la delincuencia y la actividad delictiva organizada.
La intervención tuvo lugar el miércoles 20 de septiembre a las 5.08 p.m. y contó con la participación del vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), Marlon Florentini Castañeda; la jefa de Asuntos Internos del Instituto Nacional Penitenciario, Marisel Linares Castillo y el subdirector de Seguridad de la ORL, Víctor Santos Huapaya.
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Tareas Esenciales en Operativo de Seguridad
También estuvieron presentes 30 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, personal de seguridad interno y externo, y los fiscales de Prevención del Delito de San Juan de Lurigancho Zona Media, Ricardo Campos Tello y Roberto Hurtado Álvarez.
En relación al material confiscado y al descubrimiento de escritos en páginas de cuaderno que contenían números de teléfono, la Fiscalía ha iniciado una investigación por el supuesto delito contra el patrimonio en su forma de extorsión.
El Instituto Nacional Penitenciario reafirma su compromiso de acatar las regulaciones de seguridad, con el propósito de mantener la paz y el orden en las prisiones del país.
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