Por las 19 denuncias que tendría el funcionario

 

El congresista de la República Jaime Quito pidió la salida inmediata del actual jefe de la SUTRAN, Gilmer Álvarez por las 19 denuncias judiciales que tendría en su haber este cuestionado funcionario, designado durante el gobierno del expresidente José Jerí. Algo que ha encendido el debate sobre los filtros que hay para la elección de personas en los altos cargos de la administración pública.

En declaraciones al diario La Razón, el legislador dijo que «lo primero que se debe hacer es sacarlo del cargo y que se dedique a resolver sus problemas judiciales y legales. Una persona con tantos procesos judiciales de ninguna manera podría estar en un cargo, porque no veo ninguna idoneidad, porque va a hacer lo mismo en cualquier responsabilidad que tenga. Yo exijo políticamente, en la posición que yo tengo, es que sea sacado del cargo de forma inmediata».

Asimismo, matizó que «no puede aceptarse de ninguna manera, funcionarios públicos que tengan ese tipo de antecedentes por eso debe haber una mejor rigurosidad en cuanto a la calidad de funcionarios que se designan en las distintas entidades del Estado. En ese sentido, nosotros exigimos, una vez más, no renunciar ante este señalamiento que existe, y que debe ser retirado inmediatamente del cargo. También, si amerita abrir un caso en la comisión de fiscalización, porque ahí en el tema judicial, es el Ministerio Público y el Poder Judicial quienes tienen que dar las sentencias a quien corresponda en este caso. Pero, reitero que su superior inmediato debe sacarlo del cargo inmediatamente».

Como se recuerda, entre las denuncias registradas figuran presuntos casos de abuso de autoridad, estafa, sustracción y persecución penal, usurpación de funciones, violación de la presunción de veracidad y peculado de uso, entre otros. Si bien no todas las acusaciones han derivado necesariamente en sentencias firmes, el volumen y la naturaleza de los señalamientos han sido suficientes para generar preocupación en diversos sectores, por ello en redes sociales piden que este funcionario también se valla a su casa como Jerí.

Sin embargo, la denuncia que mayor indignación ha provocado es la relacionada con presunta violencia física contra su expareja y madre de su hijo. Según consta en una denuncia presentada en un juzgado de Lima Norte, Álvarez fue acusado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente por lesiones leves.

En su declaración ante las autoridades, la denunciante sostuvo que el funcionario “es muy controlador, constantemente usa palabras soeces; si llego tarde a casa comienzan los problemas y me dice que si yo le pongo una denuncia, que me abstenga a las consecuencias”. El testimonio describe un contexto de hostigamiento y amenazas reiteradas que, según su versión, la llevaron a tomar decisiones drásticas para proteger su integridad y la de su hijo.

De acuerdo con el relato presentado ante las autoridades, el 5 de noviembre de 2015 la mujer decidió abandonar el domicilio junto a su hijo debido a las constantes amenazas. Meses después, el 3 de febrero de 2016, en el distrito de San Miguel, interpuso una nueva denuncia señalando que Álvarez le habría propinado una bofetada y un empujón con la intención de ingresar a la vivienda. Según lo consignado, el funcionario no habría negado el incidente, aunque lo justificó indicando que reaccionó luego de que la denunciante cambiara la cerradura del departamento.

Estos antecedentes han motivado cuestionamientos sobre la idoneidad del funcionario para ejercer un cargo de alta responsabilidad en el Estado. La Sutran es el organismo encargado de fiscalizar y supervisar el transporte terrestre de personas, carga y mercancías a nivel nacional, velando por el cumplimiento de la normativa y la seguridad vial en un sector estratégico para la economía y la integridad de los ciudadanos.

Las críticas no se limitan al ámbito judicial. También ha generado sorpresa que Álvarez haya ejercido durante cuatro años consecutivos como jefe de administración de la empresa de transportes Sol de Oro (Entrasol), antes de asumir la jefatura de la entidad encargada de supervisar precisamente a compañías del mismo rubro. Para algunos especialistas en gestión pública, este tránsito directo entre el sector privado regulado y la entidad fiscalizadora podría configurar un potencial conflicto de intereses, lo que exigiría mayor transparencia en la evaluación de su trayectoria.

El debate se intensificó tras las declaraciones del exministro de Transportes y Comunicaciones, Cesar Sandoval, quien afirmó que la llegada de Álvarez al cargo habría respondido a una “cuota política” vinculada al congresista Illich Lopez durante el gobierno del expresidente Jose Jeri. Tales afirmaciones añadieron un componente político a la controversia y alimentaron las dudas sobre la transparencia en los procesos de designación dentro del Ejecutivo.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre sanciones firmes derivadas de las denuncias mencionadas. No obstante, el caso ha puesto en el centro del debate público la necesidad de revisar los mecanismos de evaluación de antecedentes y los estándares éticos exigidos a quienes asumen responsabilidades de alto nivel en la administración pública.

Organizaciones de la sociedad civil y voces del ámbito político han coincidido en señalar que la legitimidad de las instituciones depende, en buena medida, de la probidad de sus autoridades. En un contexto donde la ciudadanía demanda mayor transparencia y rendición de cuentas, la controversia en torno a la designación de Gilmer Álvarez Zapata reabre un debate recurrente: ¿son suficientes los filtros actuales para garantizar que los cargos públicos estén ocupados por funcionarios sin cuestionamientos graves en su historial?

Mientras tanto, el escrutinio público continúa. La polémica no solo impacta la imagen del titular de la Sutran, sino también la credibilidad de una institución clave en la supervisión del transporte terrestre. En un país donde la seguridad vial y la formalización del sector transporte siguen siendo desafíos pendientes, la discusión sobre la idoneidad de quienes lideran estas entidades adquiere una relevancia aún mayor.