Parlamentaria promueve ley que favorece a cuestionado Edwin Oviedo

Cuando se pensaba que los denominados lobbys azucareros en el Congreso de la República eran cosa del pasado, salta a la luz un nuevo escándalo que involucra a la actual congresista María Gallardo Becerra, de la bancada de Podemos Perú, quien busca aprobar de un proyecto de Ley que favorece los intereses económicos del controvertido empresario Edwin Oviedo en las azucareras de Lambayeque.

Una ley con nombre propio camuflada en la emergencia nacional

Esta vez se trata de la congresista lambayecana María Gallardo Becerra, quien respaldada por varios integrantes de su bancada, presentó el día 08 de octubre un proyecto de ley denominado: «Ley que garantiza la estabilidad patrimonial de las empresas azucareras afectadas por el estado de emergencia nacional», con el que se busca poner fin a cualquier acción judicial que interfiera con los intereses económicos de Edwin Oviedo en en la industria azucarera.

Pese al retórico nombre del proyecto de la congresista María Gallardo, éste no cuenta con ningún sustento relacionado con el estado de emergencia nacional; sino por el contrario, su objetivo es favorecer a Edwin Oviedo, al impedir la cobranza de cualquier tipo de deudas contra la empresa azucarera Tuman, así como el levantamiento de cualquier administración judicial que evite el retorno de Edwin Oviedo al control de la compañía.

Ley Oviedo, claro antecedente del nuevo proyecto

Mas allá de la escasa técnica legislativa y de los innumerables vacíos de la formula propuesta por la congresista María Gallardo, llama escandalosamente la atención que en su proyecto de ley señale expresamente como su sustento de sus antecedentes legislativos la Ley 28027, conocida ampliamente como Ley Oviedo y sus reiteradas ampliaciones.

Este hecho, que demuestra que la propuesta de la congresista Gallardo busca revivir la cuestionada Ley Oviedo, ha indignado a los trabajadores azucareros de Tuman, quienes acusan a la parlamentaria de responder a los intereses del controvertido empresario Edwin Oviedo Picchottito, quien afronta dos procesos penales, por tráfico de influencias agravado, y homicidio calificado por hechos relacionados al control de la azucarera Tuman.

Congresista María Gallardo y sus vínculos con Becerrril

A decir de los dirigentes azucareros tumaneños, la intervención de la congresista Gallardo en los asuntos judiciales de la empresa Tuman, responde al vínculo que existe entre ella y el ex gerente de la azucarera Tuman, Antonio Becerril Rodríguez, condenado por su participación en la red criminal «Los temerarios del crimen», caso por el cual también son procesados sus hermanos, Hecto Becerril y Wilfredo Becerril, el primero ex congresista fujimorista y el segundo prófugo de la justicia actualmente.

La congresista Gallardo, ha participado pública y activamente en campañas políticas representando a Fuerza Popular, al lado de Antonio Becerril, representante de Edwin Oviedo en la azucarera Tuman, quien es implicado de formar parte de las redes criminales «los wachiturros de Tuman», y «Los cuellos blancos del puerto», casos por los que Oviedo ha afrontado prisión preventiva.

María Gallardo, es además integrante de la sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, que analiza las denuncias involucran a altos funcionarios del Estado en el caso «Los cuellos blancos del puerto».

Leyes para no pagar deudas

Como se recuerda, la escandalosa Ley Oviedo, permitió el controvertido ex presidente de la FPF Edwin Oviedo, manejar a su antojo las azucareras Tuman y Pomalca durante más de una década, sin pagar impuestos, ni deudas con trabajadores, ni sembradores de caña, gracias al sospechoso apoyo legislativo que recibió de algunos ex congresistas que actualmente vienen siendo investigados por conformar redes criminales que favorecieron al controvertido empresario.

Por lo pronto, dirigentes azucareros han anunciado hacer escuchar su voz de protesta, y que denunciarán ante los máximos lideres de Podemos Perú, las comisiones respectivas del Congreso de la República, y la Fiscalía de la Nación, lo que consideran el retorno del tráfico de leyes con nombre propio, y la intervención indebida de parlamentarios en asuntos de competencia exclusiva del Poder Judicial.