Ante el reciente aumento de los casos de inseguridad ciudadana, los representantes de diversas bancadas han decidido mantener una postura defensiva
Durante una reunión con gremios de transportistas, varios congresistas desvincularon al Legislativo de la responsabilidad en el aumento de casos de sicariato y extorsión, señalando que la solución recae en otras instituciones del Estado. Según los congresistas, aunque existen leyes para sancionar estos delitos, la falta de cumplimiento es atribuible al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El expresidente del Congreso, José Williams, mencionó que la ley ya contempla penas para el sicariato y la extorsión, pero que no se está aplicando adecuadamente. Señaló que la función del Legislativo es supervisar, no ejecutar las leyes: «El Legislativo no es responsable de hacer cumplir la ley, eso corresponde al sistema de justicia, la Fiscalía y la Policía».
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Congresistas se defienden
Por su parte, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que el Gobierno es el encargado de gestionar una política efectiva de seguridad ciudadana. Criticó a los transportistas por no haber protestado ante el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros, instancias a las que considera responsables de ofrecer soluciones inmediatas.
Muñante también denunció que algunas autoridades del sistema judicial liberan a delincuentes capturados en flagrancia: «Hay quienes han jurado para sancionar a los delincuentes, pero los liberan. ¿Dónde están esos malos funcionarios? En la Fiscalía y el Poder Judicial».
Por otro lado, Sigrid Bazán, del Bloque Democrático Popular, reconoció que, aunque el Congreso no es responsable directo de la seguridad ciudadana, sí tiene responsabilidad en la aprobación de cambios a la Ley de Crimen Organizado.
