Congreso aprueba informe lapidario contra Castillo

Revela que entregó obras públicas en ministerio de transportes a cambio de dinero ilícito

Revela que entregó obras públicas en ministerio de transportes a cambio de dinero ilícito

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó el informe final en mayoría que recomienda acusar al presidente de la República, Pedro Castillo, por diferentes delitos por los casos Puente Tarata y Sarratea.

Por 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, dicho grupo de trabajo dio luz verde al informe en mayoría, cuyas conclusiones fueron leídas durante la sesión llevada ayer  jueves 30 de junio.

Según el documento, el mandatario lidera una presunta organización criminal dedicada a diversos actos de corrupción en lo que va de su gestión y cuya red estaría integrada por otras 18 personas, entre exministros, exfuncionarios y empresarios, los cuales entregaban obras públicas en el Ministerio de Transportes a cambio de dinero ilícito.

Por ello, se recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado por incurrir, presuntamente, en los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo. En estas imputaciones incluyen también al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, para que sea acusado por los mismos delitos que el jefe de Estado.

Entre las conclusiones, se resalta que Pedro Castillo, el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, el exministro Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

También se lee que las comunicaciones entre Castillo Terrones, Pacheco, Villaverde y López se dieron durante el proceso de selección para adjudicar la obra.

Además del caso Puente Tarata, en el informe también se recomienda acusar constitucionalmente al presidente por haber mantenido reuniones en la casa del pasaje Sarratea, ubicada en Breña, sin que se hayan transparentado.

El grupo de trabajo parlamentario argumenta que la Fiscalía de la Nación debería recibir el documento elaborado por la Comisión de Fiscalización y emitir un pronunciamiento sobre Castillo Terrones. En esa línea, aclaran que el Ministerio Público deberá continuar con su propio proceso de investigación y “delimite responsabilidades penales”.

Paralelamente, se presentó un informe en minoría a cargo de Pasión Dávila (Bloque Magisterial), que plantea archivar la investigación de la Comisión de Fiscalización contra Castillo Terrones en todos los casos.


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