La Subcomisión sostiene que Chávez vulneró múltiples artículos constitucionales junto a Castillo y Huerta.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves una nueva acusación constitucional contra la ex primera ministra Betssy Chávez, a quien se le atribuye un rol clave en los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Parlamento e intentó instaurar un gobierno de excepción. La decisión, que propone inhabilitarla por diez años para ocupar cargos públicos, fue respaldada por 17 legisladores y rechazada por otros seis.
El caso había quedado en suspenso luego de que un informe previo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no obtuviera los votos necesarios para prosperar en el pleno. En esta oportunidad, el grupo de trabajo volvió a evaluar la documentación y las imputaciones formuladas, y elaboró un segundo reporte que finalmente logró pasar la etapa de la Comisión Permanente. Este nuevo documento se sustenta en la presunta participación de Chávez en la cadena de decisiones que llevaron al intento de ruptura del orden constitucional.
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Durante la sesión, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, expuso que tanto la exjefa del Gabinete como Pedro Castillo y el exministro del Interior Willy Huerta habrían vulnerado más de una decena de artículos de la Constitución. Según su argumentación, los investigados actuaron de manera coordinada para ejecutar un quiebre institucional que no llegó a consolidarse debido a la rápida reacción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades del Estado.
Además del caso de Chávez, la sesión incluyó la lectura de los pedidos de Pedro Castillo y Willy Huerta para reprogramar la revisión de sus propios expedientes. Castillo señaló que no contaba con defensa legal al momento de ser convocado y solicitó una nueva fecha para su presentación. Frente a ello, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, anunció que el debate sobre su situación será postergado una semana.
Con la aprobación del informe, el proceso ingresa ahora a su etapa final: será el pleno del Congreso el que decida si procede la sanción política planteada. De obtener luz verde, Chávez quedaría impedida de asumir cargos en la administración pública durante una década.
El Parlamento deberá definir si la ex primera ministra incurrió en infracciones constitucionales de carácter grave, lo que significaría su retiro temporal de la vida política nacional. La votación en el pleno marcará el desenlace de un proceso que se arrastra desde el fallido autogolpe de diciembre de 2022 y que se ha convertido en una de las investigaciones de mayor impacto político de los últimos años.
