Congreso: aprueban abrir investigación a José Arriola

Por presunto recorte de sueldos a trabajadores

Por presunto recorte de sueldos a trabajadores

La Comisión de Ética del Congreso aprobó iniciar indagación preliminar en contra del parlamentario José Arriola (Acción Popular) por presuntamente recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho.

«Por unanimidad, se aprueba iniciar indagación preliminar en contra del congresista José Arriola Tueros, por presuntamente haber recortado las remuneraciones de sus trabajadores de confianza, mediante declaraciones juradas», se lee en la cuenta de Twitter de la referida comisión.

Luego del allanamiento a la casa del congresista José Arriola, en mazo pasado, se descubrió que trabajadores de su despacho autorizaban «donar» parte de sus salarios presuntamente de manera voluntaria.

«Cuarto Poder» informó que en la vivienda encontraron declaraciones juradas en donde aseguran que, sin coerción, realizan aportes económicos para ser utilizados en apoyo social.

La casa de Arriola en La Molina fue allanada por fiscales y policías de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por el Caso Los Niños. Ahí hallaron US$71.950 y S/33.570 en efectivo.

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Congreso: plantean que Perú salga del Pacto de San José

La bancada de Acción Popular, a iniciativa del congresista Ilich Fredy López Ureña, presentó un proyecto de ley que prohíbe que el Estado mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o también llamado pacto de San José.

Según fundamenta la iniciativa, actualmente el Perú pertenece a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin embargo, el tratado internacional “obliga y somete al Estado a poder dictaminar respecto a problemáticas internas por las que podría estar atravesando el país, prohibiendo de esta manera, por ejemplo, la condenación de la pena de muerte para los delitos no estipulados dentro de la legislación nacional”.

El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional que se prohíba que el Estado mantenga a violadores, asesinos y funcionarios corruptos a través de la salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).


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