La Oficialía Mayor del Congreso informó que los videos solicitados por la Comisión de Fiscalización no están disponibles debido a la capacidad limitada de almacenamiento del sistema de videovigilancia.
En un reciente hecho que ha generado controversia, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitó a la Oficialía Mayor del Congreso los videos de seguridad correspondientes al periodo del 1 de julio al 31 de agosto del presente año. Sin embargo, la solicitud fue denegada bajo el argumento de que los archivos fueron borrados automáticamente por el sistema debido a restricciones en su capacidad de almacenamiento.
La solicitud de Burgos, enviada mediante un oficio al oficial mayor Giovanni Forno, buscaba obtener las grabaciones del Edificio Complejo Legislativo, ubicado en la avenida Abancay, en el Centro de Lima. Este pedido se relaciona con la investigación en curso sobre Jorge Torres Saravia, quien es acusado de liderar una presunta red de prostitución operativa dentro del Parlamento.
Giovanni Forno explicó que los sistemas de videovigilancia del Congreso tienen un mecanismo automático que sobrescribe los datos antiguos tras un periodo de 25 días para garantizar la continuidad de las grabaciones diarias. “El sistema no permite almacenar videos más allá de ese límite temporal, por lo que las imágenes solicitadas ya no se encuentran disponibles”, afirmó Forno, descartando que la eliminación de los videos sea intencional.
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Ante esta situación, Burgos instó a la contratación de un experto en recuperación de datos para intentar acceder a las grabaciones eliminadas. En su oficio, solicitó de manera urgente las grabaciones de los pisos 6 y 7 del mencionado edificio, argumentando la necesidad de esclarecer los hechos en investigación.
Este pedido surge en medio de las indagaciones sobre Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien recientemente compareció ante la Comisión de Fiscalización. Durante su intervención, Torres Saravia negó las acusaciones de encabezar una red de proxenetismo. Además, mencionó que el día en que Andrea Vidal fue atacada a balazos, cumplió con su rutina laboral habitual, aunque no pudo precisar su paradero a la hora del incidente.
El caso ha encendido alarmas sobre el manejo de la seguridad y la transparencia dentro del Congreso, dejando interrogantes que la Comisión de Fiscalización se propone resolver.
