La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía contra la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Rosío Torres, por el caso “Mochasueldos”.

La denuncia constitucional contra Rosío Torres por presuntamente recortar sueldos a sus trabajadores, fue enviada al archivo con 10 votos a favor, 9 en contra y siete abstenciones, por parte de la Comisión Permanente del Legislativo.

Si bien el Ministerio Público presentó chats que vincularían a Rosío Torres con el uso de estos fondos para la campaña de su esposo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso anteriormente había determinado en su informe que no había pruebas suficientes para continuar con la acusación. “La falta de evidencia directa impide establecer responsabilidad penal con nivel de certeza exigida en el debido proceso”, se indicó.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña Peralta, fue la encargada de sustentar el informe. Según explicó, el documento concluye que no existen elementos de convicción suficientes para seguir adelante con el proceso, debido a que los hechos, pruebas y argumentos presentados por el Ministerio Público no son suficientes para configurar el delito contra la administración pública –concusión–, así como tampoco se ha demostrado la vulneración de los artículos 1, 2 (inciso 5), 22, 23, 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú.