Según «Cuarto Poder», bajo la dirección de Rodríguez Vargas, principal asesora de Soto, coordinaron y ejecutaron acciones para mejorar la imagen política del presidente del Congreso en las redes sociales
El presidente del Congreso, Alejandro Soto (Alianza para el Progreso), y los trabajadores que operaban el «troll center» desde su oficina, se libraron de enfrentar una investigación en la Comisión de Ética Parlamentaria por los ataques realizados a otros legisladores en las redes sociales.
El Departamento de Recursos Humanos del Parlamento informó que no hay expediente para abrir un proceso administrativo disciplinario contra Sandra Rodríguez Vargas, Julio Castillo Calizaya, Eduardo Quezada Yepes, Phenélope Contreras Cabezas y Edgar Gamarra Masco, este último ya no trabaja en el Parlamento.
Según «Cuarto Poder», bajo la dirección de Rodríguez Vargas, principal asesora de Soto, coordinaron y ejecutaron acciones para mejorar la imagen política del presidente del Congreso en las redes sociales. Esto incluía atacar a sus opositores mediante cuentas falsas y eliminar los comentarios de sus críticos, presuntamente durante el horario laboral.
Los trabajadores de Soto agraviaron a los congresistas Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo) a través de cuentas «troll» en X (antes Twitter), todos ellos representantes de Cusco, la misma región de la que proviene el actual titular del Poder Legislativo.
Por ejemplo, Quezada Yepes ordenó «hacer notar» la ausencia de Aragón en una sesión de la Comisión de Transportes y Comunicación, e ironizó sobre Bellido llamándolo «zorrito run run», además de remarcar que Ugarte «jaló siete veces su examen de docencia».
Rodríguez también cuestionó a Ruth Luque (Cambio Democrático-JP) por haberse retirado de una sesión de la Comisión de Ética, donde se archivó una denuncia del ex gobernador regional del Cusco contra Soto, quien previamente había incitado a la violencia en su contra en un programa de televisión.
El Congreso, tras una solicitud realizada en virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señaló que no había mérito para iniciar un proceso administrativo disciplinario contra los cinco trabajadores de Soto mencionados anteriormente.
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