Tras la situación del país, el cual está siendo gobernado por un Congreso como el actual, será imposible distinguir entre el crimen organizado y el estado.
El secretario general de Sindicato de Lima y Balnearios de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, Arturo Cárdenas, fue brutalmente asesinado, por un sicario frente a la sede central del sindicato.
Dicho crimen, es arte de una escalofriante tendencia de violencia que la Federación de Construcción Civil, viene denunciando desde hace más de una década. Recordemos que desde el año 2011, al menos veinticuatro dirigentes, han sido asesinado desde a las mafias que operan bajo la fachada de sindicatos paralelos.
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A pesar de las múltiples movilizaciones y la exigencia de la federación de cancelar el registro de estos seudosindicatos, el Ministerio de Trabajo, ha ignorado la gravedad de esta situación, debido a que nadie debería perder la vida por defender su derecho al trabajo.
No obstante, dicha consigna, no es compartida por quienes controlan las instituciones en nuestro país, pues, basta con mirar el rol cómplice del Congreso. Como se recuerda, el pasado nueve de agosto, el congreso promulgó la Ley 32107, en donde se beneficia al crimen organizado, pues, la norma desconoce más de las cincuenta actividades pasibles de ser investigadas como los delitos de crimen organizado al exigir que la pena mínima de estos sea de seis años.
En tanto, el coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, advirtió que muchos procesos podrán ser archivados o derivados a fiscalías no especializadas. Ni el Congreso ni Boluarte pueden alegar ignorancia.
