La Comisión de Constitución, presidida por el parlamentario Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), aprobó un proyecto de ley que modifica los artículos 110, 111 y 112 de la Ley 31307, Nuevo Código Procesal Constitucional.
El objetivo de este predictamen es garantizar la viabilidad de los procesos de competencia en el Tribunal Constitucional (TC), con una votación acorde a la naturaleza de este organismo, su composición y los miembros que actúen en el Pleno.
En ese sentido, la cantidad mínima de votos para aprobar una medida cautelar paso de cinco a cuatro. En caso de empate, el presidente del TC tendrá el voto decisivo.
Las mismas disposiciones aplican para la emisión de sentencias en los procesos competenciales y sus efectos. Sin embargo, de no llegarse a los cuatro votos requeridos, la demanda se declarará infundada.
El congresista Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, defendió el dictamen aprobado por su comisión que modifica el Código Procesal Constitucional.
La medida tiene como objetivo evitar que jueces “politizados” interfieran en decisiones exclusivas del Congreso, como la reposición de Zoraida Ávalos en la fiscalía o de Inés Tello y Aldo Vásquez en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Para el legislador, esta normativa fortalecerá la independencia de poderes. El pleno del Congreso debatirá en los próximos días este dictamen.
Para Fernando Rospigliosi, la aprobación de este texto es crucial para impedir que “atropellos judiciales” continúen afectando la labor del Parlamento.
Según el integrante de la bancada naranja, los jueces que intenten revertir decisiones del Congreso deberán llevar sus quejas directamente al Tribunal Constitucional.
Durante la sesión, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen con 14 votos a favor, 4 en contra y 8 abstenciones. El proyecto modifica la Ley N.° 31307, que establece el Nuevo Código Procesal Constitucional, y agrupa trece proyectos de ley. Las modificaciones incluyen la incorporación de nuevos artículos y ajustes en la normativa vigente para garantizar la supremacía constitucional.
