El Pleno del Congreso analizará la posibilidad de permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores.
Este miércoles 20 de noviembre, el Congreso de la República someterá a segunda votación dos reformas constitucionales clave. Una de ellas busca permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, mientras que la otra plantea reemplazar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Para la aprobación de ambas propuestas, se requieren al menos 87 votos favorables.
La iniciativa de reelección inmediata propone modificar los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución. Según el dictamen, los alcaldes y gobernadores podrían ser reelegidos por un único período adicional consecutivo, manteniendo los mandatos de cuatro años y sus respectivos derechos revocatorios.
En el caso del artículo 191, se especifica que los gobernadores regionales serían elegidos junto con sus vicegobernadores por voto directo y tendrían la posibilidad de un segundo mandato consecutivo. De manera similar, el artículo 194 establece que los alcaldes y regidores también podrían optar por la reelección inmediata bajo las mismas condiciones.
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Por otro lado, el Congreso evaluará el Proyecto de Ley 6816/2023-CR, que implica cambios en 14 artículos de la Constitución. Este proyecto destaca por proponer la desaparición de la JNJ, entidad encargada de la selección, evaluación y sanción de jueces y fiscales, y su reemplazo por la Escuela Nacional de la Magistratura.
Según el texto propuesto para el artículo 150, la nueva institución sería un centro de formación y especialización superior para aspirantes a jueces y fiscales. Esta escuela no solo otorgaría los títulos necesarios para ejercer dichos cargos, sino que también supervisaría su desempeño y formación continua.
Adicionalmente, la reforma al artículo 156 establece que jueces y fiscales serían sometidos a evaluaciones permanentes realizadas por sus propias instituciones, garantizando un control disciplinario más riguroso.
Ambos temas generan un amplio debate en la esfera política y social, ya que las modificaciones no solo impactarían el ejercicio de los cargos públicos, sino también la administración de justicia en el país. La decisión del Congreso será crucial para determinar el rumbo de estas propuestas.
