En defensa de las FFAA y PNP // Coronel FAP en retiro Fredy Arias Portugal, coordinador general de Asociaciones de Pensionistas Unidos de militares y policías

 

Valeria Ponce

 

El coronel FAP en retiro Fredy Arias Portugal, Coordinador General de las Asociaciones de Pensionistas Unidos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, alerta sobre la crisis que atraviesan SALUDPOL y FOVIPOL, falta de medicamentos, deudas millonarias con clínicas privadas, miles de policías retirados sin devolución de sus aportes al fondo de vivienda y una ley pensionaria que, si bien equipara al policía con el militar, carece de respaldo actuarial.

 

– SALUDPOL atraviesa una crisis grave. ¿Cuál es el diagnóstico real y cuál sería la solución inmediata?

SALUDPOL es más crítico que la situación de FOVIPOL, por el hecho de que se trata de la salud de la persona. Si la persona se daña, no le dan la atención correcta en el momento oportuno, no le dan los medicamentos, no le toman los exámenes. Lamentablemente la Policía tiene dos problemas, primero, que lo administra el Ministerio del Interior y no el propio instituto; y el Ministerio del Interior es un brazo político a la institución. Como políticos, toman otras medidas y lo administran civiles que no conocen el tema, y contratan personal adicional. […] En estos momentos hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en dictamen por la Comisión de Defensa y se espera que pase al pleno, para hacer lo mismo que en la Fuerza Armada, que ya no dependa del Ministerio del Interior, sino que SALUDPOL tenga su IAFAS propia. La IAFAS es quien proporciona los recursos para poder atender al personal y le paga a la IPRESS, que es el hospital, la atención brindada. Va a ser directo, va a ser el instituto. Esperemos que lo aprueben y se resuelvan todos estos problemas. El otro problema que existe es el modelo de financiamiento. En la Fuerza Armada aportamos, aparte del fondo que el Estado aporta, el 6% por cada personal, hacemos un aporte adicional para que se nos atienda mejor. En la Policía no aportan nada; la atención es gratuita. En la Fuerza Armada, en cambio, nosotros pagamos para que atiendan a nuestros familiares y aparte las medicinas nos descuentan un porcentaje. Es un sistema diferente. […] Lo ideal es que aportas para que te atiendan mejor.

 

– ¿Qué cambio concreto implicaría dejar de depender del Ministerio del Interior?

Primero, la administración pasa al instituto, ya no se necesita contratar más personal civil, llenarse de gerentes y mucha gente externa, porque en la institución estamos preparados para hacer de todo. La Policía tiene contadores, especialistas en finanzas, médicos, administradores de hospitales, administradores de personal; tiene todo, porque en la institución hay todo. Con su propio personal basta con reubicarlo y poner a las personas idóneas en cada puesto. […] Todo depende de quién administre. Si la Policía nombra a las personas idóneas, va a tener un gran beneficio.

 

– SALUDPOL también tiene deudas millonarias que vienen desde la pandemia y ha perdido convenios con clínicas privadas. ¿Quién es responsable y cuál sería la solución?

Lo que ocurre es que, al ser SALUDPOL, hasta julio pueden dar carta de garantía para que se atienda al personal fuera del hospital. Pero a partir de agosto ya nadie consigue carta de garantía. Este año es peor, ya no tienen carta de garantía desde antes. Cada año están empeorando. […] Esa es la situación que se va arrastrando año tras año. Esa deuda acumulada con las diferentes clínicas ya es un tema que tiene que resolver la institución, el Ministerio del Interior o el Estado, mediante un convenio en el que de alguna forma se pueda ir pagando por partes a quienes se les debe. Es un tema de administración. La acción inmediata para mí es que el instituto tenga la IAFAS propia y empiece de cero. La deuda que quedó atrás, que el alto mando se encargue de cómo la soluciona a nivel institucional, a nivel del Ministerio del Interior o a nivel del Estado. Que no mezclen la deuda pasada con lo que viene por delante, para que puedan trabajar bien desde el inicio.

 

– En las Fuerzas Armadas el personal sí aporta una cuota mensual para su salud. ¿Ese modelo funcionaría mejor que el sistema gratuito actual de la Policía?

Lo que está pasando con la Policía es un problema de que todo es gratis. Al ser gratis todo, se han acostumbrado a no pagar nada. En la Fuerza Armada pagamos una parte y esos fondos nos ayudan también a incrementar el monto total para que nos atiendan mejor. […] Lo que tenemos nosotros es la medicina preventiva, te atienden a tiempo, entonces el mal se ataca antes de agravarse. En el caso de la Policía, lamentablemente tienen varios problemas adicionales, el hospital mismo no se da abasto para la cantidad de gente que tiene, no hay médicos suficientes, no hay camas suficientes. Yo considero que deben juntarse, evaluar qué pasa en cada instituto de la Fuerza Armada, cómo lo administra cada uno, y en base a eso armar el suyo.

 

– Sobre FOVIPOL y la Ley N° 31826, esa ley corrigió los aportes hacia adelante, pero dejó un vacío enorme en las décadas anteriores. ¿Cómo se puede afrontar esa problemática?

El tema del fondo de pensiones no es solo de la Policía, sino de la Policía y los militares. Desde un inicio, todo el personal militar y policial era introducido automáticamente en el fondo por cada instituto. Ese fondo servía para atender las necesidades de vivienda para todo el personal. En ningún momento el fondo de vivienda hablaba de renuncia voluntaria. La única forma de no pertenecer era teniendo vivienda propia, o habiendo pasado al retiro sin desear seguir aportando. Solo bajo esas condiciones, tener vivienda o terreno, una propiedad, se podía presentar la documentación y salir del fondo. Eso fue así hasta hace dos años, cuando salió la nueva ley. Lo que hace ahora es reconocer únicamente a quienes egresaron a partir de la fecha en que se promulgó esa ley; solo a ellos se les devuelve el dinero, más no a quienes ya habíamos pasado al retiro antes de esa fecha.

 

– ¿Hay alguna solución próxima para quienes quedaron excluidos?

Por el momento hay como siete u ocho proyectos de ley en el Congreso que todavía no se han debatido ni existe siquiera un predictamen. Las soluciones que proponen son varias. Una plantea que a todos los que han aportado, así hayan tenido beneficio, así hayan adquirido una vivienda con esos fondos, se les devuelva lo aportado. La segunda alternativa dice que solo a quienes no hicieron uso del fondo, es decir, que no hayan pedido préstamo para ningún proyecto, se les devuelva. Todo está girando en ese orden. ¿Cuál decisión tomará el Congreso? No se sabe. En este Congreso, imposible. Hay que reiniciar los trabajos a partir de agosto, con la nueva Cámara de Diputados, y ver quién asume y se compromete a dar solución al problema. Este es un problema que no es de ahora ni de hace cinco años; tiene ya como veinte años. Han entrado un montón de leyes al Congreso y nunca han dado solución real, solo solución parcial, únicamente a los que ingresaron a partir de la última ley que se hizo hace dos años. A los antiguos no se les reconoce nada.

 

– ¿A qué se debe que la solución haya sido parcial? ¿Fue un error técnico o falta de información?

[…] Quienes estuvieron moviendo ese tema se apresuraron. Esa es la falla de quien lo propuso o de quien lo ejecutó, los congresistas con sus asesores […]. Yo estoy disconforme además con otro aspecto de esa ley, el fondo se creó para ayudar a más personal a tener vivienda, porque nuestra remuneración no permite comprar una fácilmente, nos es dificultoso. Sin embargo, esa ley aprobada hace dos años dice que aquel que accede a un préstamo ya no se le descuenta para el fondo. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para ayudar a más gente? La ley está así y hay que respetarla, pero está perjudicando la capitalización del fondo. […] Lamentablemente los que administran esos fondos han tomado un rumbo desconocido, sobre todo en FOVIPOL. los administradores son responsables de eso. La intención fue buena; la administración y la ejecución legislativa fueron las malas.

 

– ¿El problema de FOVIPOL tiene también un origen en la mala gestión administrativa de quienes lo han conducido?

No es que la Policía sea diferente. La ley es una y la forma de administrar es una, está bien definida y bien organizada como sistema. El problema es la persona que está a la cabeza, el problema es la administración pública. Los problemas de corrupción que tenemos a nivel nacional son por quien conduce, quien administra, quien gestiona. La gestión en muchos casos no es la correcta, pero es la persona, no es el sistema. Las disposiciones son las mismas para la Policía y para las Fuerzas Armadas, no hay ningún cambio.

 

– Sobre la Ley N° 32561: ¿equipara dignamente al policía con el militar en materia pensionaria, o todavía existe una brecha?

Esa ley salió para modificar el Decreto Legislativo 1133. En sus orígenes, el DL 1133 decía que el personal que pasaba al retiro se iba con el 55% de la remuneración consolidada como pensión, y al fallecer el titular, su viuda también se veía afectada. Nuestra pensión es diferente, es el 100% de la remuneración consolidada, que equivale al 60% de la remuneración total, porque la remuneración tiene dos conceptos, remuneración consolidada y bonificaciones, y las bonificaciones se pierden al pasar al retiro, pues son solo para el personal en actividad. Lo que se ha buscado en el Congreso es que las nuevas promociones tengan las mismas condiciones que los de la Ley 19846, que al pasar al retiro no lo hagan con el 55% de la remuneración consolidada, sino con el 100% de la remuneración consolidada. Y que su viuda también tenga la misma pensión que él deja. Eso es lo que se ha cambiado con esta ley.

 

– ¿Qué aspectos le faltaría por corregir a esa ley?

El problema principal de esta ley es que no tiene un estudio actuarial. Se ha equiparado el beneficio, pero se ha establecido que hay que hacer aportes mayores, el personal tiene que aportar alrededor del 15% y el Estado pone el 10%. Nosotros en la Fuerza Armada aportamos el 6%, entonces son porcentajes que están subiendo considerablemente. La única forma de que ese sistema pensionario subsista es que la gente aporte más, se necesitaría aportar por lo menos el 27% de la remuneración consolidada para tener más o menos la atención que se está proyectando. Sin ese estudio actuarial serio, la ley puede quedar bien en el papel, pero ser insostenible en la práctica.