Esto escluye del sistema financiero formal a miles de emprendedores.
Los pequeños emprendedores necesitan constantemente dinero para potenciar sus negocios. No todos califican a los préstamos bancarios y recurren a ‘prestamistas’ para financiar esta necesidad. Esto empeoró con la ley 31143, conocida como la Ley Cómplice, que establecía topes a las tasas de interés en el sistema financiero. Fue gracias al congresista José Luna, dueño de Podemos Perú, que se impulsó una campaña para petardear aquello que funcionaba bien.
Luego de mucho tiempo de debate, el Congreso de la República derogar esta ley. Si bien la norma fue implementada desde 2021 con la intención de proteger a los consumidores de prácticas usureras, terminaron en consecuencias no deseadas. Los límites a las tasas de interés llevaron a que numerosas entidades financieras formales tengan que limitar el acceso al crédito para aquellas personas con menores ingresos o considerados de alto riesgo.
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Esta exclusión financiera obligó a muchos peruanos a buscar alternativas en el mercado informal. Prestamistas de sospechosa reputación, ofrencen dinero de manera rápida con clausulas de pago excesivas que para algunos termina siendo impagable. El coronel PNP Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise), mencionó el incremento de denuncias por extorsión en el último año. Estas denuncias se atribuyen a la formación de bandas criminales de extranjeros, principalmente colombianos y venezolanos, que afectan a comerciantes, microempresarios y emprendedores peruanos.
Según informes de la Policía Nacional del Perú, estas bandas criminales están integradas mayoritariamente por ciudadanos extranjeros. Parte del dinero obtenido mediante estas prácticas ilícitas termina en países como Colombia, China y México. Carpio señaló que estas organizaciones utilizan tanto modalidades físicas como digitales del ‘gota a gota’. Mediante aplicaciones de préstamos que sirven como fachada para sus actividades ilícitas. Incluso mencionó que en una operación realizada en agosto del año pasado, se descubrió que una banda dedicada a esta modalidad de extorsión había acumulado una fortuna de S/10 millones en tres meses.
La derogatoria por parte del Congreso de la Ley 31143 busca revertir estos efectos adversos, permitiendo que las entidades financieras formales puedan ofrecer créditos a tasas que reflejen adecuadamente el riesgo, especialmente en segmentos de menores ingresos.
