La mayoría de bancadas en el Congreso mantiene su objetivo de destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), esta vez a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el mismo que puede culminar con la destitución e inhabilitación de los magistrados.
La SAC ha cursado documentos a los miembros de la JNJ para que envíen sus descargos por escrito, en el proceso abierto por la acusación número 373, que presentó el legislador Jorge Montoya.
Esta acusación tiene como fecha de origen el 10 de mayo del 2023. En dicha ocasión, Montoya presentó la denuncia constitucional contra los magistrados de la JNJ Henry Ávila Herrera, Antonio De la Haza, Guillermo Thomberry, Imelda Tumialán, Aldo Vásquez Ríos y María Zavala.
A todos ellos les atribuía hasta seis supuestos delitos, entre ellos, abuso de autoridad, usurpación de funciones, nombramiento ilegal e incluso cohecho activo y pasivo.
El hecho concreto que dio lugar a esta denuncia es la resolución 224-2020 que expidieron los miembros de la JNJ, el pasado 23 de octubre del 2020.
En esta resolución, los magistrados establecieron un criterio de “interpretación” del artículo 156 de la Constitución, con relación a la edad para integrar la JNJ.
Dicho artículo señala que para ser miembro de la JNJ se requiere ser “menor de 75 años”. Los magistrados “precisaron” que dicho requisito es solo para el acceso al cargo, razón por la cual Inés Tello ahora se mantiene en el puesto, no obstante haber superado dicha edad.
Fuentes del Congreso revelaron que ya hay una fecha tentativa planteada en la Subcomisión que preside Lady Camones, de Alianza para el Progreso (APP), para someter a debate y votación el informe final: el 16 de enero.
El congresista Esdras Medina planteará en su informe final la propuesta de sanción contra los miembros de la JNJ. De hecho, en la denuncia de mayo, el legislador Jorge Montoya ha planteado las sanciones más drásticas de destitución e inhabilitación por el periodo de diez años.
El informe debe ser votado en la SAC para pasar luego a la Comisión Permanente. El último paso es la votación en el Pleno y hay un detalle importante: en este caso no se requiere llegar a la alta valla de los 87 votos. Será suficiente una mayoría simple, tal como ocurrió con Zoraida Ávalos, quien fue inhabilitada con solo 71 votos.
