María Cordero Jon Tay enfrenta denuncia constitucional por cohecho en el caso de ‘mochasueldos’
El informe final sobre la denuncia presentada contra la legisladora María Cordero Jon Tay, acusada de un supuesto recorte salarial a sus trabajadores, propone la acusación formal por el presunto delito de concusión y sugiere su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.
Este documento, redactado por la legisladora Susel Paredes, estaba programado para ser discutido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, aunque la sesión ha sido pospuesta hasta el martes 28 de noviembre.
La solicitud de aplazamiento fue presentada por los miembros de la SAC, considerando que en ese momento se estaba debatiendo la Ley de Presupuesto en el pleno del Parlamento.
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En el informe se destaca: «El presente informe final recomienda acusar a María del Pilar Cordero Jon-Tay, en su calidad de congresista de la República, por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, en agravio del Estado».
Además, se propone la suspensión de la congresista en caso de que la acusación sea aprobada, durante el periodo de la investigación. En relación con el juicio político, se sugiere la inhabilitación de Cordero Jon-Tay por un plazo de hasta 10 años.
La gravedad de las acusaciones y las posibles consecuencias legales destacan la importancia de la evaluación y el debate cuidadoso en la SAC antes de tomar decisiones significativas sobre la situación de la legisladora.
