El Congreso de la República debate un proyecto de ley presentado por la congresista Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), que propone penas de cárcel para quienes inciten o induzcan a otras personas a rechazar la vacunación obligatoria.
La iniciativa busca incorporar el artículo 289-A en el Código Penal, con el objetivo de penalizar actos que atenten contra la salud pública.
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Sanciones propuestas
El proyecto establece penas de cárcel que varían según la gravedad del acto:
- De 5 a 6 años de prisión: Para quienes, de manera deliberada, instiguen o persuadan a otros a incumplir la vacunación obligatoria.
- De 5 a 7 años de prisión: Si el acto se realiza utilizando medios de comunicación masiva, redes sociales u otras plataformas digitales.
- De 6 a 8 años de prisión: Si la incitación genera un brote de enfermedad que ponga en peligro la vida o salud de un grupo significativo de personas.
Además, estas sanciones también aplicarán a quienes se nieguen a vacunar a menores de edad o dependientes bajo su responsabilidad.
Objetivo de la medida
En la exposición de motivos, el proyecto subraya la necesidad de proteger a la ciudadanía frente a la reaparición de enfermedades prevenibles, como la poliomielitis y el sarampión, las cuales han sido controladas en gran medida gracias a las campañas de vacunación.
Situación actual
La iniciativa surge en un contexto donde movimientos antivacunas y la difusión de información falsa han puesto en riesgo los avances en inmunización en el país. Esta medida busca garantizar la seguridad colectiva, promoviendo la responsabilidad ciudadana en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
