La sentencia impide procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves. Mientras, una bancada anuncia cambios constitucionales y el TC invoca la Convención sobre los Derechos del Niño.
El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la norma que permitía juzgar como adultos a menores de 16 y 17 años involucrados en delitos graves. Esta decisión generó una reacción inmediata en el Congreso y, de hecho, motivó a varios miembros del Congreso a pronunciarse públicamente. Además, reabrió el debate sobre la política penal juvenil en el país.
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¿Qué establece el fallo del Tribunal Constitucional?
El pronunciamiento del TC declaró inconstitucional el procesamiento penal de adolescentes como adultos. Argumentó que vulnera el marco de protección especial aplicable a personas menores de 18 años. La presidenta del tribunal, Luz Pacheco, sostuvo que los adolescentes deben recibir medidas socioeducativas acordes con su edad. También recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado a garantizar un tratamiento diferenciado, según los estándares debatidos previamente en el Congreso nacional.
Cuestionamientos desde el Congreso
El congresista Alejandro Muñante cuestionó la decisión y afirmó que el fallo del Tribunal Constitucional beneficia a organizaciones criminales y debilita la seguridad ciudadana. Además, resaltó que el Congreso deberá evaluar posibles ajustes legales ante estas consecuencias. Según el legislador, el actual sistema de rehabilitación juvenil presenta problemas de hacinamiento y limitaciones de infraestructura que reducen su efectividad.
La reforma constitucional en marcha
Muñante anunció que su bancada promoverá una reforma constitucional para fijar una edad mínima de responsabilidad penal en casos excepcionales. En paralelo, el Congreso debatirá los criterios específicos para delitos graves, en paralelo a una revisión del sistema de justicia juvenil.
