También será denunciada por prevaricato, falsedad genérica y se levantará su fuero para procesarla penalmente

El Pleno del Congreso debatirá hoy la denuncia constitucional que pide la posible inhabilitación por diez años de la fiscal suprema Delia Espinoza, acusada de infracción a la Constitución. Además, se propone acusarla penalmente por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, y levantar su fuero para permitir el proceso.

Las bancadas de Fuerza Popular, APP, Honor y Democracia, Perú Libre y Acción Popular respaldan la inhabilitación. Renovación Popular también apoyaría la denuncia contra Espinoza.

Solo algunas bancadas de izquierda no apoyarán la medida, al considerar que hay motivaciones políticas detrás de la acusación.

Cabe señalar que en la víspera, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó por mayoría (10 votos a favor y una abstención) la denuncia constitucional contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, en un informe que propone inhabilitarla por 10 años del ejercicio de la función pública.

La denuncia aprobada por este grupo de trabajo se sustenta en el cuestionamiento a la decisión de Espinoza de acusar constitucionalmente a 11 congresistas por la aprobación de una ley que les permitía percibir simultáneamente sueldo y pensión.

La abstención fue registrada por el legislador Jorge Montoya por razones de decoro debido a que figuraba entre los congresistas que fueron incluidos en la acusación presentada por Delia Espinoza cuando ocupaba el cargo de fiscal de la Nación, motivo por el cual optó por no participar en la votación.

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que denunciará al juez constitucional Juan Torres debido a que no se cumplió con su reposición como titular del Ministerio Público, a pesar de que el plazo venció el lunes 1 de diciembre a la medianoche.

Espinoza Valenzuela señaló que Torres Tasso sería denunciado por los presuntos delitos de omisión de funciones y abuso de autoridad. Esto tras conocer que el mencionado magistrado envío un oficio al Tribunal Constitucional para que se le informe sobre el estado de la demanda competencial y medida cautelar que presentó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial, con la que busca frenar su reposición al Ministerio Público.