Los demás miembros de la JNJ caviar, se salvaron gracias a negociado de votos de la PCM
El pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente a Inés Tello y a Aldo Vásquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), e inhabilitarlos para ejercer cargos públicos durante diez años. En el segundo caso, el Parlamento reconsideró su decisión inicial y en una nueva votación sí alcanzó el mínimo requerido para retirarlo de la institución.
Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitar por 10 años en la función pública a Inés Tello, miembro de la Junta Nacional de Justicia, cuestionada por superar los 75 años límite del cargo.
Posteriormente, Tello y el bloque de izquierda cuestionó que el congresista José Luna votara en el pleno, arguyendo que estaba impedido al formar parte de la Comisión Permanente. Sin embargo, este argumento fue desbaratado al precisarse que Luna nunca votó en la Comisión Permanente, por lo que estaba habilitado para hacerlo en el Pleno.
En un comunicado, Luna precisó que “no existe ninguna causal de nulidad de votación”, como pretendía Tello.
De otro lado, con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso alcanzó el respaldo requerido para inhabilitar por 10 años en la función pública a Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia.
Horas antes, el Parlamento no alcanzó el mínimo de votos para inhabilitar a Imelda Tumialán y Antonio de la Haza (presidente de la JNJ), quienes sí continúan en la Junta Nacional de Justicia.
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La misma situación ocurrió con María Zavala y Guillermo Thornberry y Henry Ávila, quien renunció a la institución.
Durante el debate, la parlamentaria fujimorista Rosangella Barbarán elevó su queja al titular del Congreso de la República, Alejandro Soto, y denunció que asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros se encontraban llamando a parlamentarios para intervenir en su voto a fin de que respalden a la Junta Nacional de Justicia.
En el debate, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, descartó que exista una persecución política contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y acusó a los magistrados de sentirse “todopoderosos y por encima de la ley”: “Que quede claro que no hay ninguna persecución política, hemos respetado todos los procedimientos. (…) Es obligación del Congreso velar por la Constitución y hacer cumplir sus leyes”.
Tras la decisión, los congresistas de izquierda pusieron el grito en el cielo y denunciaron un atropello contra la JNJ y un atentado contra la democracia. Sin embargo, se les volvió a enrostrar los sólidos argumentos que dejaron fuera de la JNJ a Vásquez y Tello.
ARGUMENTOS
Tras la intervención de la representante de Alianza para el Progreso, el parlamentario no agrupado Esdras Medina expuso los argumentos que sustentan los cargos de infracción constitucional esgrimidos.
Indicó que se incurrieron en estos al permitir la permanencia de Tello en la Junta más allá de la edad establecida para el ejercicio de sus funciones, puesto que cumplió 75 años.
Asimismo, Medina dijo que existen evidencias de ilícitos que habría cometido Juan Carlos Cortez, secretario general de la JNJ. Estos se sustentan en que dicho personaje se desempeñó como miembro de la comisión especial que evaluó a jueces y fiscales antes de desempeñarse en el cargo que tiene actualmente.
Indicó, en tal sentido, que lo investigado al respecto se derivará al Ministerio Público, puesto que podría tratarse de un caso de tráfico de influencias y de conflicto de intereses, ya que se le designó en un cargo de confianza dentro de la JNJ.
Tras la exposición de Camones y Medina se dio paso a la intervención de los miembros de la JNJ, a fin de que puedan hacer uso de su derecho a la defensa.
