Por decisión de Nadine Heredia, le negaron en 2011 su jubilación, porque se negó a afiliarse al partido nacionalista
VÍCTOR ALVARADO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDJJ) ha solicitado al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, resolver un enojoso e irritante caso de abuso de autoridad cometido por las exautoridades del ex gobierno de Ollanta Humala contra el ex parlamentario andino, doctor Juan Mariátegui Malarín, al que los expresidentes “humalistas” del Congreso de la República le negaron sus derechos pensionarios en ejecución de una venganza política.
Mariátegui, exparlamentario andino en el período 2006- 2011, al término de su gestión presentó su petición de derechos pensionarios, juntamente con otros 4 exparlamentarios, dentro del marco del Decreto Ley 20530, ante las autoridades humalistas del Congreso, en ejercicio durante el período 2011 – 2016, durante el mandato presidencial de Ollanta Humala, y jamás imaginó que al único que vetarían, negándole sus derechos, sería a él y no a los otros.
Al reclamar contra el abuso de que había sido objeto, los ex presidentes humalistas del Congreso: Daniel Abugattás, Víctor Isla, Fredy Otárola, Ana María Solórzano y Luis Ibérico, del gobierno anterior, sucesivamente, le bloquearon su pedido de revisión de la medida, a pesar de que el pedido de Mariátegui estaba sólidamente sustentado en el argumento de que su derecho de jubilación debía ser atendido en aplicación del art. 21 del Reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, como se hizo con las peticiones de los otros parlamentarios.
Discriminación
En cambio, los otros, al igual que Mariátegui, que solicitaron sus derechos pensionarios en el marco del DL 20530, fueron calificados positivamente al amparo del art. 21 del Reglamento del Congreso. Ellos son los ex congresistas: Edgar Reymundo, Víctor Mayorga, Antonio León Zapata y Alejandro Rebaza. Otro grupo de ex congresistas beneficiados seguidamente, con el mismo basamento jurídico, fueron los ex congresistas Mercedes Cabanillas, Eduardo Espinoza y Gloria Ramos.
Pero, a Mariátegui, que estaba en el mismo grupo de peticionarios, lo excluyeron, dictaminándose que su caso debía ser atendido en aplicación del Decreto Supremo 149-2007-EF, que tiene vigencia a partir del 2008 y no puede tener efecto retroactivo al año 2006, en razón a que Mariátegui estaba formalmente reconocido este año como beneficiario del DL 20530, al igual que los otros exparlamentarios mencionados.
ARGUMENTOS DEL CAL
El argumento “humalista” ha sido rebatido por dos dictámenes del Colegio de Abogados de Lima- CAL, emitidos el 2013 por el exdecano Dr. Raúl Chanamé Orbe, y el 2014, por el también ex decano, Dr. Mario Amoretti Pachas, por los que le piden al Congreso revisar la medida aplicada prevaricadoramente en agravio de Mariátegui, en razón a que el citado DS 149-2017, no está destinado para aquellos servidores públicos cuyos derechos pensionarios se encuentran regidos por leyes orgánicas especiales.
En efecto, como lo dicen los dos citados dictámenes del CAL, que los asesores legales del Congreso lo ignoraron o tiraron al tacho de basura, ese DS 149-2017-EF no puede ser aplicado a los miembros de las FFAA, diplomáticos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República y el Parlamento Andino, porque están regidos por leyes propias.
En el caso de los congresistas y parlamentarios andinos, la ley especial que regula sus derechos pensionarios es el Reglamento del Congreso, con rango de ley, en particular sus artículos 1, 3, 21, 33 del Capítulo VII.
A pesar de que este texto es contundentemente claro, los asesores legales del Congreso, le sustrajeron a Mariátegui su investidura de parlamentario y lo mandaron a la ONP, como si fuera un pensionista común y corriente, que no le corresponde por estar investido del fuero parlamentario.
Peruano ilustre
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en su carta al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, le pide en estricto derecho se revise el expediente y al hacerlo encontrará los argumentos incontrastables de los dictámenes jurídicos del CAL, los que increíblemente han sido ignorados por oscuros asesores legales utilizados para consumar una venganza política.
La comunicación de la CNDDHH, suscrita por su secretario ejecutivo, Jorge Bracamonte Allaín, le recuerda al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, que se trata de un pedido de estricta justicia a un peruano ilustre, pues como es público y conocido, Juan Mariátegui es titular de dos doctorados con tesis escritas en francés, profesor universitario de derecho internacional en universidades de cuatro continentes, en Europa (Francia), Africa (Costa de Marfil), Asia (Nueva Delhi) y América (Lima), y es autor de 20 libros.
Para más señas, es ilustre descendiente del prócer peruano Francisco Javier Mariátegui, sobre el cual prepara su primera gran biografía histórica.
Venganza política
Mariátegui accedió como parlamentario andino al postular en las elecciones del 2006 en listas del Partido Nacionalista, y nunca imaginó que tendría una fuerte confrontación con la ex primera dama, Nadine Heredia, cuando esta le pidió a Mariátegui se afilie al partido, y él se excusó porque quería mantener su independencia política.
Al presentar su petición de jubilación en su calidad de exparlamentario andino, no imaginó que esa reencilla sería resucitada para bloquearle sus derechos pensionarios. Los propios excongresistas humalistas, durante el gobierno de Humala, le confidenciaron que no podían hacer nada por él, porque era orden de Nadine reprimirlo.
