La exmandataria Dina Boluarte no cumple los requisitos de la Ley 26519 por haber asumido el cargo vía sucesión constitucional y haber sido destituida por el Parlamento.
El Área de Asesoría Laboral del Congreso de la República determinó que el pedido de pensión vitalicia de la expresidenta Dina Boluarte es improcedente. El informe técnico concluye que la exjefa de Estado no cumple con las exigencias legales para recibir el beneficio de 35,000 soles mensuales solicitado el pasado 20 de octubre.
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Razones del rechazo a la pensión vitalicia
El Parlamento fundamenta su decisión en tres puntos centrales relacionados con Dina Boluarte:
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Origen del mandato: Boluarte no fue elegida por voto popular directo para la presidencia, sino que asumió por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo.
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Periodo incompleto: La norma está dirigida a mandatarios que culminan un periodo de gobierno íntegro.
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Destitución: El Congreso la removió del cargo el 10 de octubre de 2025 por la causal de incapacidad moral permanente.
Otros beneficios bajo evaluación administrativa
Aunque se negó la pensión vitalicia, Boluarte mantiene solicitudes para obtener beneficios administrativos. Estos incluyen un vehículo oficial, 150 galones de combustible mensuales, seguridad personal y seguro médico privado para Dina Boluarte. Al ser prerrogativas que dependen de la Mesa Directiva, su otorgamiento aún está sujeto a decisiones administrativas del Legislativo, y consideraciones sobre la situación de Boluarte.
Situación legal de la exmandataria
Dina Boluarte afronta actualmente investigaciones fiscales por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. En paralelo, la defensa de la exgobernante ha presentado una demanda ante el Poder Judicial con el objetivo de anular la vacancia presidencial que puso fin a su gestión. Cabe destacar que el proceso legal que enfrenta Boluarte podría afectar futuros beneficios, directamente relacionados con Dina Boluarte.
