El Congreso no aprobó la reforma que inhabilitaba a sentenciados por delitos graves para postularse a cargos públicos
El Congreso no alcanzó los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional que buscaba inhabilitar a personas sentenciadas por delitos graves para postularse a cargos públicos durante diez años después de cumplir su condena. Con 65 votos a favor, 26 en contra y 5 abstenciones, la propuesta quedó lejos de los 87 votos requeridos para su aprobación en la primera votación.
Esta reforma, que se había planteado para aplicarse en las elecciones de 2026, necesitaba ser ratificada en la próxima legislatura, que comenzará en marzo de 2025. La modificación proponía cambios al artículo 34-A de la Constitución, prohibiendo a quienes hayan sido condenados por delitos graves como terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria, y delitos contra el orden constitucional, postularse a cargos públicos por diez años tras su rehabilitación.
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Luis Aragón, vicepresidente de la Comisión de Constitución, defendió el proyecto señalando que no violaba principios constitucionales y que contribuiría a un perfil más transparente para los futuros candidatos.
La propuesta contó con el respaldo de bancadas como Fuerza Popular, APP, Podemos, y otras, pero fue rechazada por grupos como Perú Libre y el Bloque Magisterial. La votación también estuvo marcada por cinco abstenciones.
