El propósito del proyecto de ley es otorgar reconocimiento a los trabajadores del sector público que no fueron previamente reconocidos
El congresista Flavio Cruz Mamani, miembro de Perú Libre, ha propuesto que se reconozca un aumento del 10% en las remuneraciones mensuales para los trabajadores activos y cesantes que hayan contribuido al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), conforme a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Ley N.° 25981. Esta medida beneficiaría a casi un millón de personas que han prestado servicios en el sector público, según la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú).
El Proyecto de Ley 5988 establece que para poder ser considerado beneficiario, se deben demostrar dos requisitos: haber sido empleado bajo relación de dependencia con una remuneración sujeta a la contribución del Fonavi y haber mantenido una relación laboral activa hasta el 31 de diciembre de 1992. Además, se aclara que los litigios judiciales en curso no obstaculizarán el cumplimiento de lo establecido en la normativa.
El Decreto Ley N.° 25981, vigente desde enero de 1993, alteró la tasa de contribución al Fonavi, aumentándola del 1% al 9%. Además, dispuso que los empleados con contratos activos a partir del 1 de enero de ese mismo año tendrían derecho a un aumento salarial del 10%. Esta medida nunca se llevó a cabo, lo que ha llevado a numerosos trabajadores a buscar soluciones legales para reclamar sus derechos.
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«Los trabajadores de sector público venían haciendo cumplir la Ley 25981 en juicios de manera individual, hay algunos casos que ya ganaron, pero eso demanda recursos y tiempo, siendo una Ley su aplicación en el sector público debió ser automática. Así que es una gran iniciativa del congresista Flavio Cruz que nosotros desde la Asociación Fenaf Perú respaldamos», expresó el representante de los fonavistas, Jorge Milla, para el diario La República.
La propuesta debe ser sometida a revisión por las comisiones del Congreso antes de ser discutida y votada en la sesión plenaria. En caso de recibir aprobación, el Poder Ejecutivo dispondrá de un período de 60 días para llevar a cabo su regulación.
