Por exigencia de “baño neutro”
Por 55 votos en contra, 44 a favor y 6 abstenciones, el Congreso rechazó el acuerdo entre el gobierno de Perú y la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la realización de la 52 Asamblea General en Lima, porque cuestionaba un artículo que incluía la instalación de un “baño neutro”.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamente (Fuerza Popular) fue quien sustentó mandar al archivo este instrumento internacional.
Al sustentar la propuesta, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), cuestionó que el acuerdo estableciera la instalación de un “baño neutro” para los participantes.
Esta disposición provocó el malestar de algunos legisladores, mientras que otros pidieron que el debate se centre en la importancia de la realización de este evento para los intereses del Perú. La votación envió el documento al archivo.
Así mando al archivo el proyecto de Resolución Legislativa Nº 2548 enviado por el Poder Ejecutivo. El acuerdo estaba compuesto por un título, un preámbulo con 13 párrafos, 6 capítulos, 35 artículos, un párrafo final, así como una parte que contiene los nombres de las partes del tratado, además de las firmas y los nombres de los representantes del Estado peruano y de la OEA que lo suscribieron.
En el primer artículo las partes habían acordado que el Perú aportaría 585 mil 321 dólares. Dicho monto corresponde al total estimado de la contribución de nuestro país para financiar el “traslado y estadía de los servicios de secretaría” para la celebración de la Asamblea General. El costo total se ha estimado en 695 mil 321 dólares.
En tanto, la OEA aportaría 110 mil dólares, de conformidad con los niveles de financiación establecidos en el programa-presupuesto del Fondo Regular de la organización para el presente año.
El Perú debía realizar dicho depósito a más tardar el 5 de agosto de 2022, a través de una transferencia electrónica a nombre de la Secretaría General. Adicionalmente, deberá financiar todos los “gastos de infraestructura, logística y servicios operacionales que se requieran para la Asamblea General”.
