Nueva fecha fue aprobada por unanimidad ante pedido de reprogramación por parte de los denunciados
Con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso decidió de manera unánime postergar para el próximo lunes 30 de enero a las 8:00 am las audiencias por el caso “Los Niños”, las cuales estaban programadas originalmente para hoy martes 24.
La SAC planeaba escuchar las versiones de los congresistas de Acción Popular implicados en el caso: Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López y Elvis Vergara.
La presidenta de la SAC, Lady Camones (Alianza Para el Progreso), propuso la nueva fecha a pedido de los mismos denunciados, quienes no asistieron ni presencial ni virtualmente a la sesión de hoy por distintas “razones”. Tampoco asistió Patricia Chirinos (Avanza País), autora de la denuncia contra los acciopopulistas.
«No podemos llevar a cabo una sesión de un caso tan emblemático, tan importante, sin escuchar ambas partes», argumentó Camones.
Flores Ancachi pidió que se postergue su sesión porque su domicilio había sido incendiado y adujo que ahí perdió documentación relacionada al proceso del caso “Los Niños”. También dijo que su abogado dejó de ejercer su defensa y que necesitaba tiempo para buscar un nuevo representante legal.
Por su parte, Espinoza, Doroteo y Vergara señalaron que se encontraban impedidos de acudir a la subcomisión por sus actividades en regiones debido a la semana de representación que concluyó el 23 de enero.
Tanto Norma Yarrow (Avanza País) como Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), miembros de la SAC, cuestionaron la decisión Camones y mostraron su disconformidad ante la dilación del proceso de este emblemático caso.
Como se recuerda, en setiembre pasado la congresista Chirinos denunció a los parlamentarios acciopopulistas por presuntamente haber votado de forma coludida a favor de leyes y medidas que beneficiaran al expresidente golpista Pedro Castillo.
“Usar el cargo de congresista para obtener beneficios ilegales constituye delito y es una infracción constitucional. Por ello he presentado denuncia constitucional contra los seis legisladores de Acción Popular señalados como los niños, que habrían apoyado al gobierno con sus votos a cambio de obras para sus regiones”, escribió la parlamentaria en sus redes sociales en aquella oportunidad.
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