El Tribunal Constitucional suspendió las indagaciones mientras ejercía la Presidencia.
A más de cuatro meses de la vacancia presidencial de Dina Boluarte, el congresista Segundo Montalvo, miembro de la Comisión de Fiscalización, pidió al fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez un informe detallado sobre la situación actual de las investigaciones fiscales abiertas en su contra.
El requerimiento alcanza dos expedientes. El primero está relacionado con las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El segundo corresponde al llamado caso Rolex, en el que se le atribuyen presuntos delitos de enriquecimiento ilícito agravado, cohecho pasivo impropio y omisión de consignar declaraciones en documentos oficiales.
En el documento remitido al Ministerio Público, Montalvo recordó que la investigación preliminar por el caso Rolex habría concluido el 17 de enero del año pasado. Según lo señalado, en ese proceso se habría identificado un presunto incremento patrimonial injustificado, así como la compra de joyas valorizadas en aproximadamente 162,250 dólares. También se mencionan incrementos en cuentas bancarias por 58,699.97 soles y depósitos de origen desconocido por 4,082.70 soles.
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Asimismo, el parlamentario indicó que se habría determinado la entrega de tres relojes Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima. No obstante, advirtió que el avance de las diligencias ha sido lento y consideró necesario que se imprima mayor celeridad al trámite.
Las investigaciones quedaron suspendidas por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional del Perú, que dispuso paralizar las indagaciones mientras Boluarte ejercía la Presidencia, en aplicación del artículo 117 de la Constitución. El fallo precisó que las actuaciones y pruebas recopiladas no se anulaban, sino que quedaban en espera hasta que culminara el mandato.
En su oficio, Montalvo subrayó que Boluarte dejó el cargo el 10 de octubre de 2022 y que la suspensión de las investigaciones respondió a la investidura presidencial que ya no ostenta. En ese sentido, solicitó garantizar la continuidad de los procesos y acelerar las diligencias, al advertir que el transcurso del tiempo podría afectar la eficacia de los medios probatorios y la memoria de los testigos.
El legislador sostuvo que, sin la protección del cargo, no existe impedimento constitucional para que el Ministerio Público ejerza plenamente la acción penal.
