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    Constitucionalista analiza debate sobre cambios a la Constitución de 1993

    El abogado constitucionalista Jovino Huerta Ayala señaló que si bien en las últimas semanas se ha hablado bastante sobre la Constitución vigente de 1993, “lo malo es que los planteamientos han salido de los politicos y no de los constitucionalistas”.

     “Hernando de Soto plantea reformas a la Constitución vigente, lo que nos parece prudente para poder enfrentar los embates de la pandemia sin mucha polarización ciudadana; por otro lado, Verónica Mendoza, plantea la redacción de una nueva Constitución, la que daría pie a una asamblea constituyente, que quizá sea bueno, pero a largo plazo, permitiendo sociabilizar los nuevos textos; sobre estas dos propuestas tendrán que decidir los peruanos en las Elecciones Generales de 11 de abril de 2021″, dijo.

    “La pregunta sería, ¿Mendoza, todavía quiere regresar a la Constitución  de 1979? De ser así, su planteamiento no seria “nuevo” sino obsoleto; por otro lado, la pregunta a de Soto, seria, ¿Usted quiere reformar la Constitución Política vigente para reforzar las ideas fujimoristas?”, anotó.

    Agregó que ambos candidatos deberían de aclarar estas interrogantes a los electores.

    Y por el lado académico, Huerta dejó una pregunta para ambos candidatos: ¿Quiénes  son los constitucionalistas que les dan el soporte jurídico y respaldan sus propuestas constitucionales?.

    Asimismo Huerta Ayala planteó que las propuestas de ambos candidatos deberían estar  dirigidas por los especialistas. “Necesitamos una nueva Constitución Política soberana y moderna que nos permita mitigar los embates de la globalización y nos asegure el cuidado de nuestra biodiversidad y también proteja los derechos laborales de los trabajadores tanto del sector público como del privado”.

    Asimismo, en la cuna del Tahuantinsuyo se dé el paso a la reivindicación de los pueblos indígenas que hoy no gozan de personería jurídica y en tanto no pueden defenderse como tales legalmente en nuestro país y, que los convenios internacionales que si lo hacen, como del Convenio 169 de La Organización Internacional del Trabajo OIT, que defiende la no discriminación a estos pueblos, estén siendo incumplidas permanente por los gobiernos de turno.

    El abogado constitucionalista Jovino Huerta Ayala señaló que si bien en las últimas semanas se ha hablado bastante sobre la Constitución vigente de 1993, “lo malo es que los planteamientos han salido de los politicos y no de los constitucionalistas”.

     “Hernando de Soto plantea reformas a la Constitución vigente, lo que nos parece prudente para poder enfrentar los embates de la pandemia sin mucha polarización ciudadana; por otro lado, Verónica Mendoza, plantea la redacción de una nueva Constitución, la que daría pie a una asamblea constituyente, que quizá sea bueno, pero a largo plazo, permitiendo sociabilizar los nuevos textos; sobre estas dos propuestas tendrán que decidir los peruanos en las Elecciones Generales de 11 de abril de 2021″, dijo.

    “La pregunta sería, ¿Mendoza, todavía quiere regresar a la Constitución  de 1979? De ser así, su planteamiento no seria “nuevo” sino obsoleto; por otro lado, la pregunta a de Soto, seria, ¿Usted quiere reformar la Constitución Política vigente para reforzar las ideas fujimoristas?”, anotó.

    Agregó que ambos candidatos deberían de aclarar estas interrogantes a los electores.

    Y por el lado académico, Huerta dejó una pregunta para ambos candidatos: ¿Quiénes  son los constitucionalistas que les dan el soporte jurídico y respaldan sus propuestas constitucionales?.

    Asimismo Huerta Ayala planteó que las propuestas de ambos candidatos deberían estar  dirigidas por los especialistas. “Necesitamos una nueva Constitución Política soberana y moderna que nos permita mitigar los embates de la globalización y nos asegure el cuidado de nuestra biodiversidad y también proteja los derechos laborales de los trabajadores tanto del sector público como del privado”.

    Asimismo, en la cuna del Tahuantinsuyo se dé el paso a la reivindicación de los pueblos indígenas que hoy no gozan de personería jurídica y en tanto no pueden defenderse como tales legalmente en nuestro país y, que los convenios internacionales que si lo hacen, como del Convenio 169 de La Organización Internacional del Trabajo OIT, que defiende la no discriminación a estos pueblos, estén siendo incumplidas permanente por los gobiernos de turno.

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