Podrían a cogerse a colaboración eficaz
El Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso para reemplazar al decreto de urgencia 003, que impedía a Odebrecht vender sus activos sin asegurar el pago de su reparación civil y que vence la próxima semana.
La iniciativa plantea incluir en este régimen a las constructoras investigadas por corrupción. El decreto 003 expira la próxima semana.
La principal novedad en el proyecto del Ejecutivo es que se crea la figura de colaboración eficaz para las personas jurídicas que hayan sido utilizadas para participar en actos ilícitos. Al acogerse, las firmas deberán dar acceso a información a la Fiscalía y, a cambio, podrían excluirse total o parcialmente de las medidas dictadas por el proyecto.
Esto ha sido considerado como un plan de salvataje para las exsocias de Odebrecht debido a que por esta vía podrían evadir responsabilidades y seguir contratando con el Estado, una vez que se acojan a la colaboración eficaz.
El proyecto no solo abarca a las empresas condenadas por casos de corrupción o que hayan confesado estos, sino que incluye también a las consorciadas o asociadas a las condenadas y, además, a las firmas investigadas por actos ilícitos.
Para aquellas condenadas o confesas, el proyecto de ley establece que se les retendrá el 50% de las utilidades que generen con los proyectos de inversión que tienen con el Estado, así como el 10% de todos los pagos que el Estado les pueda hacer, explicaron Cooper y el titular de Justicia, Enrique Mendoza, en una reunión con la prensa.
Por su parte, a las consorciadas se les retendrá el 50% de los dividendos o patrimonio por su participación en alguna asociación público-privada, según detallaron Cooper y Mendoza. Si se trata de participación en obra pública, se retendrá el 10% del valor del proyecto.