Irregularidades en el proceso habrían afectado el presupuesto y reducido las plazas disponibles.
La Contraloría General de la República enfrenta una crisis tras descubrirse irregularidades en la contratación masiva realizada en 2024. Un reciente informe interno, fechado el 19 de marzo de este año y al que accedió Perú21, revela que el proceso, impulsado durante la gestión de Nelson Shack, no cumplió con los procedimientos financieros adecuados, lo que ha derivado en la anulación de los contratos de 1,600 trabajadores.
En enero de 2024, la Contraloría lanzó una convocatoria para cubrir más de 4,000 plazas con el fin de fortalecer la supervisión del gasto público. Sin embargo, el informe señala que el proceso se llevó a cabo sin contar previamente con la certificación presupuestaria requerida para garantizar los fondos, lo que generó un desbalance financiero. Ante esta situación, la entidad tuvo que reducir el número de contrataciones a 3,082.
Entre los principales responsables de estas irregularidades figuran altos funcionarios de la anterior administración, como Luis León Iglesias, Edilberto Terry Ramos, Daniel Sedán Villacorta, Alan Saldaña Bustamante y Rogers Rivera Serna.
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Como resultado, 1,600 funcionarios serán cesados a finales de marzo, afectando la capacidad operativa de la Contraloría en un contexto crítico. La salida de estos auditores debilita el control del gasto público en un año preelectoral, donde la supervisión de las autoridades es clave para evitar irregularidades.
Nelson Shack, excontralor y principal impulsor de la convocatoria, aseguró que la certificación presupuestaria no se emitió en su debido momento, pero que la Contraloría sí contaba con los recursos necesarios para cubrir los sueldos. Según su versión, la falta de presupuesto actual es responsabilidad de la gestión de César Aguilar, quien habría permitido un recorte del 2% en los fondos destinados al control concurrente.
El informe ha generado preocupación por el impacto que tendrá la reducción del personal en las labores de fiscalización. Con menos auditores, la supervisión del gasto público quedará debilitada, aumentando el riesgo de corrupción y mal uso de fondos en todo el país.
