Comuna otorgó la buena pro a empresas que ofrecían el precio más elevado, generando un sobrecosto de S/ 145.421.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades en contrataciones realizadas en la gestión del burgomaestre de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien postularía a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones del 2022.
A través de dos informes de control, la municipalidad otorgó la buena pro a empresas proveedoras que ofrecían el precio más elevado, lo que generó un sobrecosto de S/ 145.421.
Según el reporte 14-2021-2-2178-SCE, publicado por Wayka.pe, el comité de selección del municipio contrató los servicios de Grupo Azareño, empresa de transporte que ofrecía el mayor costo y que era proveedora de la comuna. En dicha licitación, había participado APL Servicios Generales, que fue descalificada pese a presentar una tarifa más baja y tras obtener mejor valoración.
De esta manera, la municipalidad presidida por Paz de la Barra desembolsó S/ 35.992 más por el servicio del Grupo Azareño.
Siguiendo el mismo patrón, en otro proceso de licitación, ocurrido en 2019, el municipio de La Molina le adjudicó la construcción de una ciclovía a la empresa Siadec Ingenieros SAC. El comité seleccionador le dio el visto bueno a dicha compañía que había propuesto el precio más alto, a pesar de que la otra postora ofertaba con menor costo y tenía el mayor puntaje.
Al igual que el anterior caso, la comuna le generó un sobrecosto de S/ 109.429 por la realización del servicio.
La Contraloría General de la República también halló otras irregularidades en el marco del estado de emergencia por la pandemia del coronavirus. Al respecto, la municipalidad de La Molina no entregó 64 canastas básicas que correspondían a las familias del distrito que viven en pobreza y pobreza extrema.
Se detectó que estas habían sido entregadas, de forma duplicada, a 23 servidores públicos y cinco locadores de servicio del municipio, presidido por Álvaro Paz de la Barra. El ente controlador ha pedido que se abran investigaciones para imponer sanciones administrativas a los responsables del caso.
