Proyecto debió concluir el 2021, pero gobierno de Castillo avaló ampliaciones
El Consorcio Sullabella que ejecuta la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Sullana, obra financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), logró obtener 22 adendas por el valor de S/ 43 667 368,57. Según un informe de control concurrente realizado por la Contraloría General de la República, el MVCS aprobó los costos adicionales en perjuicio de los recursos públicos entre julio del 2020 a setiembre de 2022.
Se trata del ‘Mejoramiento del sistema de evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas residuales de Sullana y Bellavista – Piura’, conocida como PTAR de Sullana, obra que debió terminar en octubre del año 2021.
Dicha obra se inició en octubre de 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, cuando el MVCS otorgó la buena pro de esta por 254 millones de soles al Consorcio Sullabella, conformado por JAGUI SAC. Constructora M.P.M. S.A. y Construcciones Civiles CIA. LTDA. Sucursal Perú.
Informe de Contraloría alerta de irregularidades detectadas en proyecto.
La culminación de los trabajos debió ser en 2021; sin embargo, el MVCS, que dirigía el ministro Geiner Alvarado, prorrogó su término hasta abril de 2022, y aún continúa en ejecución. En ese tiempo es que se dieron los escandalosos 22 costos adicionales.
Hasta la llegada de Pedro Castillo a Palacio, habían sido doce, a razón de una cada dos meses. Esta frecuencia aumentó con el régimen del golpista. Se dieron diez más en menos de año y medio. Es por ello, que el informe de control concurrente de la Contraloría de enero de este año detecta dichas irregularidades.
Tal es así que, a través de un oficio (27 de enero de 2023) se pone en conocimiento de la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, de las irregularidades y deficiencias encontradas para que tome las medidas del caso, y que van desde infraestructura, retrasos en ejecución, costos adicionales de obra, ampliaciones de plazo, entre otras.
Contraloría informó a ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuéllar.
Pero todo no queda ahí. Según documentos de CONOSCE, buscador de proveedores adjudicados, y del SEACE, el consorcio que construye los trabajos (Sulabella) tiene vínculo directo con la empresa del consorcio supervisor Grau, conformado por las empresas Gexa Ingenieros y Dohwa Engineering Co Ltd Sucursal de Perú.
Se trata de Washington Ruiz Pinchi, representante legal de la empresa JAGUI SAC, una de las empresas del CONSORCIO SULLABELLA, desde el 15 de noviembre del 2019 a la fecha, según información del portal https://portal.osce.gob.pe/osce/conoce/
Ruiz es también accionista de Gexa Ingenieros SA. con el 99% de acciones desde el 02/09/2019.
Es decir, quien ejecuta la obra se supervisa a sí mismo. Esto constituye una práctica desleal y punible por la legislación en materia de contratación pública vigente.
El control concurrente de Contraloría, Informe de Hito de Control N° 006-2023-OCI/5303-SCC, evidencia que la obra tiene también 7 ampliaciones de plazo aprobadas, pasando de un plazo de ejecución contractual de 540 días a un plazo de 1074 días calendario.
